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Presunto detrimento patrimonial en Prado
En el municipio de Prado, un empréstito destinado a la construcción de un programa de vivienda se convirtió en un presunto detrimento patrimonial
El Ente de control conceptuó que la gestión realizada por el municipio de Prado para la vigencia 2018 en el área presupuestal, tesorería, contable y contratación, fue deficiente de acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia y economía.
El informe de auditoría advierte que los estudios y diseños de la proyectada urbanización tiene bastantes falencias, lo cual traería consigo modificaciones que generan una obra inconclusa pues no alcanza para la totalidad de beneficiarios. Unido a ello, el lote no es viable para la construcción de la obra, sin embargo, el contratista accedió a realizarla.
Otro aspecto que toma gran relevancia es que dentro del contrato Estudios y Diseños, el Estructural presentado no cumple con los pliegos de condiciones y sin embargo fue aprobada sin el lleno de requisitos.
Sobre el empréstito
Mediante el Acuerdo N° 006 del 2 de junio de 2017, el concejo municipal autorizó al alcalde de la época para obtener recursos mediante empréstito hasta por un monto de $2.200 millones de pesos, crédito que fue inscrito ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por su parte la Contraloría Departamental del Tolima registró el endeudamiento del municipio el 6 de marzo de 2018, bajo el número 04.
Dicha obligación financiera con el Banco Agrario, se proyectó para utilizarse en diseños, estudios técnicos, dotación de servicios públicos, obras de urbanismo y construcción de un programa de vivienda en la zona urbana del municipio, en el predio distinguido con matrícula inmobiliaria N° 368-7909.
Así las cosas, la administración municipal suscribió cuatro contratos de la siguiente manera; uno de obra pública, dos de interventoría y uno de consultoría. Lo anterior, en el marco de proyectos de inversión incluidos en el plan de desarrollo 2016 – 2019.
Los hallazgos
No se pagaron las estampillas
Según señala el informe de auditoría por falta de diligencia y cuidado en la aplicación de las normas tributarias de orden municipal, se incurrió en un presunto detrimento patrimonial en cuantía de $8.117.383 dejados de cobrar al momento de realizar el pago de las estampillas pro cultura y pro bienestar adulto mayor respecto del contrato 106 de 2019, por el cual se contrató la interventoría.
Esta situación también se presentó frente al contrato de obra pública 094 de 2019 el cual tenía como propósito la construcción de las obras de urbanismo y en el cual se incurrió en un presunto detrimento patrimonial en cuantía de $115.962.617.
El tercer hallazgo de tipo disciplinario, fiscal y penal da cuenta de un presunto detrimento patrimonial por $1.454.041.320 debido a que los contratos involucrados en el proyecto no cumplieron con su objeto social por total ausencia de planeación y necesidad además de no ser viable técnicamente.
Según el Contralor Departamental del Tolima, Diego Andrés García Murillo, “se evidencia una total ausencia del principio de planeación, además no se encuentra la necesidad de someter al municipio a un endeudamiento, a esta fecha es lamentable el estado de la obra. A su vez encontraron algunas diferencias en las cantidades de obra reconocidas por el municipio avaluadas en $34.683.464”
El último hallazgo de tipo administrativo con incidencia disciplinaria y penal hace referencia al posible conflicto de intereses que se presentaría pues quienes participaron del contrato de estudios y diseños también participaron del contrato de obra pública.
El total de hallazgos fiscales es de $1.578.121.320.
Las acciones de la Contraloría Departamental del Tolima
En el marco de la estrategia – Martes Comunitario – la Entidad convocó a representantes de la Alcaldía de Prado y de la veeduría Urbanización Acuarium de la cual son beneficiarias 188 familias. El Contralor Departamental del Tolima, Diego Andrés García Murillo señaló “No se puede seguir permitiendo la corrupción y el detrimento patrimonial en el Tolima por cuenta de las malas prácticas administrativas, tiene que darse una solución, por eso invito a que se revise la Ley 2020 de 2020 que refiere las obras inconclusas y algunas posibles disposiciones del Gobierno Nacional”.
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