La Defensoría del Pueblo le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares "urgentes" y "extremas" para proteger a 77 personas entre mandatarios, servidores públicos y candidatos, que se encuentran en peligro de muerte en varias regiones del país. 

Entre las personas en riesgo de sufrir atentados o ataques se encuentra el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero. Es uno de los tres gobernadores amanezados, al igual que los de Meta y Guavire.

"Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. 

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De acuerdo con la Defensoría, el gobernador Orozco "ha recibido amenazas de muerte en su contra". Se refiere al episodio ocurrido el pasado mes de mayo, cuando el mandatario seccional no pudo asistir a la inauguración de un puente en el municipio de Alpujarra, debido al riesgo de una posible emboscada por parte de las disidencias de las Farc. 

En el documento enviado a la CIDH, la Defensoría pide que el Estado colombiano cumpla con medidas como: "Garantizar el debido pie de fuerza  en los territorios advertidos para brindar seguridad a los puestos y mesas de votación ubicadas en las zonas urbanas y rurales". 

Además, solicita que el alto comisionado Danilo Rueda, "en el marco de los diálogos y conversaciones que se adelanten en virtud de la Ley 2272 de 2022 y 2294 de 2023, exhorte a los GAO para que se abstengan de intervenir en los comicios del presente año". 

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Por último, en el mapa de riesgo planteado por la Defensoría, el sur del Tolima aparece como una de las zonas del país con nivel alto. En los municipios de Planadas, Ataco, Rioblanco y Chaparral son los municipios donde mayor riesgo existe para candidatos y servidores públicos.