Con la reglamentación de la Ley 2292 de 2023, conocida como ‘Ley para madres cabeza de familia’, más de 5.000 mujeres condenadas y que ejercen la jefatura del hogar y tienen bajo su cargo afectiva, económica y socialmente de manera permanente niños y niñas menores de edad, o personas en condición de discapacidad, podrán salir de prisión y terminar el cumplimento de sus penas prestando un servicio social en entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro o no gubernamentales.
“El amor se puede producir sin ser interrumpido por las cadenas” expresó el Presidente Gustavo Petro al referirse a la ley que beneficia mujeres cabeza de familia y que fue sancionada el pasado 8 de marzo. 

“Quizás la mujer presa es la más excluida de todas, quizás, porque sufre todas las exclusiones juntas. Las que sufren todas las mujeres, las que sufren las mujeres pobres, las que sufren las mujeres sin libertad. Mujeres madres sin libertad, que es como conducir a la sociedad a mayores niveles de criminalidad”, dijo en ese momento.

¿Quiénes se benefician con la ley?

Las mujeres cabeza de familia que pueden acceder a los beneficios otorgados por la ley serán aquellas que tengan una sentencia condenatoria igual o inferior a ocho años de cárcel, siempre que el delito esté asociado a condiciones de marginalidad que afectan la manutención de su hogar, señala la reglamentación.

Entre los delitos que cobija la ley de servicios de utilidad pública aparecen: hurto; hurto calificado; tráfico de estupefacientes; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles; o conservación o financiación de plantaciones para estupefacientes.

Poner en marcha esta ley, indicó el mandatario, que sustituye la condena se convierte en garantía para evitar que “esos niños crezcan sin afecto y muchos, en el futuro, se conviertan en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena y que esos niños tengan a su mamá”.