Previo a la celebración del reciente Festival Folclórico Colombiano, la Dirección de Espacio Público de la Alcaldía de Ibagué lanzó una convocatoria a la cual se podían postular comerciantes que desearan alquilar un espacio fijo durante los eventos de estas fiestas folclóricas. Sin embargo, lo que pretendía ser un salvavidas para los comerciantes en medio de la reactivación económica, terminó convertido en un ‘viacrucis’.

El presidente del Concejo de Ibagué, Eduard Toro, denunció que el proceso fue tortuoso desde el principio. Primero los comerciantes tuvieron que hacer largas filas en la Dirección de Espacio Público para postularse. Luego de pagar una elevada suma por el arriendo del espacio público, esto no les significó ninguna ventaja sobre los vendedores ambulantes. Todo lo contrario, se fueron a pérdidas.

“Les cobraron $760.000 para que pudieran hacerse sobre la carrera Quinta, pero en realidad no les dieron ninguna garantía mínima como una carpa, seguridad y sobre todo control, porque Espacio Público les garantizó que iba a controlar la comercialización. Por ejemplo, les dijeron que todo el que iba a vender cerveza debía tener una escarapela, por eso alquilaban los espacios. Pero nada de eso se cumplió”, contó el presidente Toro.

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Hasta el presidente del Concejo desconoce la cantidad exacta de comerciantes que pagaron por este servicio a la Dirección de Espacio Público. De hecho, el presidente señala que el director de Espacio Público, Juan Diego Prada, no da la cara. Por tanto, es imposible establecer cuánto dinero recolectó la Alcaldía por estos cobros.

“Yo siempre dije que era imposible controlar a los vendedores ambulantes. Después de dos años de pandemia, todo el mundo quería hacerse su ‘agosto’ y quería aprovechar. Si Espacio Público no tenía cómo garantizar esos controles a los vendedores estacionarios, lo mínimo era que no les cobraran el espacio”, enfatizó Toro. 

No obstante, de acuerdo con información extraoficial que maneja el presidente Toro, serían por lo menos 100 los comerciantes afectados, por lo que ellos mismos denominan una “estafa” de la Alcaldía.

“Desafortunadamente para estos comerciantes fue catastrófico, no fue lo que esperaban. Muchos hicieron préstamos con ‘gota a gota’, que ahora tienen que responder. Además muchos tienen sus mercancías represadas, porque no les dieron las garantías que les prometieron”, apuntó.

Luego de un debate de control político en el Concejo el pasado 8 de julio, la Personería de Ibagué quedó encargada de citar a una mesa de trabajo a la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico, para responder por las irregularidades en mención. “Esta última secretaría es como un cero a la izquierda. Nunca vimos un estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico que demostrara que era factible estos arrendamientos”, esgrimió.

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“Eso no es tan fácil, pero el hemos pedido a la jefe Jurídica, Andrea Mayoral, que se revise la posibilidad de devolver el dinero a estas personas, o al menos una compensación, porque lo que les prometieron, no se los cumplieron”, acotó Toro.

Finalmente, los comerciantes estudian la posibilidad de interponer una demanda colectiva en contra de la Alcaldía de Ibagué. El presidente del Concejo anuncia su respaldo a esta iniciativa.