Por Felipe Ferro

Las cifras son aterradoras, dolorosas y tienen un responsable directo con nombre y apellido: Gustavo Petro. Que el Tolima acumule 163 homicidios en lo corrido del 2026 refleja un aumento del 100% frente al año anterior y significa, en palabras de nuestra mandataria departamental, que hemos retrocedido 20 años en materia de seguridad.

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 Dos décadas de esfuerzo institucional, de sacrificio militar y de consolidación ciudadana fueron borradas de un plumazo por cuenta de un gobierno que prefirió maniatar a nuestra Fuerza Pública para entregarle el control territorial a la criminalidad.

Durante este nefasto cuatrienio de la mal llamada "Paz Total", los tolimenses fuimos testigos de cómo la extorsión, el secuestro y las intimidaciones regresaron a nuestros municipios con un descaro sin precedentes. Lo que ocurre en el sur del departamento, específicamente en Ataco, es la radiografía del fracaso estatal: los homicidios pasaron de 4 en 2025 a 24 este año, impulsados por una guerra de rentas ilícitas donde las disidencias de las FARC extorsionan por cada máquina amarilla y cobran porcentajes del oro ilegal con absoluta impunidad.

Es imperativo dejar algo absolutamente claro frente a los tolimenses: esta crisis de seguridad no es producto de la inacción regional. Nuestra gobernadora, Adriana Magali Matiz, ha dado una batalla incansable, invirtiendo recursos para dotar a la Fuerza Pública, liderando consejos de seguridad constantes y exigiendo resultados operativos con un temple admirable. Sin embargo, todo ese esfuerzo departamental se estrella de frente contra el muro de la desidia del nivel central. La culpa de esta tragedia recae única y exclusivamente en Gustavo Petro, quien, mediante decretos absurdos y ceses al fuego bilaterales, amarró a nuestros soldados y dejó a los mandatarios locales completamente huérfanos del respaldo del Estado para combatir el avance del terrorismo.

Nos entregaron atados de pies y manos al crimen organizado. Por eso, el proceso de empalme con el equipo técnico del presidente electo, Abelardo de la Espriella, no puede limitarse únicamente a destapar el desastre fiscal y auditar los ministerios. Es un imperativo moral e institucional que este empalme estructure y asuma un plan de choque regional urgente en materia de orden público. Como bien lo ha advertido el liderazgo departamental, la criminalidad no se comporta igual en todas partes; el Tolima requiere una estrategia de seguridad con un enfoque territorial diferenciado, porque las vidas de nuestros campesinos y comerciantes no dan espera.

Desde el Centro Democrático acompañaremos con inquebrantable determinación esta nueva política de defensa. Nuestras Fuerzas Militares y de Policía necesitan saber que el nuevo Comandante en Jefe devolverá el respaldo jurídico y operativo para que vuelvan a la ofensiva. No podemos permitir que la herencia sangrienta del petrismo nos siga costando vidas tolimenses ni un solo día más.

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El 7 de agosto marca el final de la tregua complaciente con el terrorismo. Que lo escuchen muy bien las redes delincuenciales que hoy se lucran del miedo en nuestro departamento: el apaciguamiento llegó a su fin, el peso de la ley regresa con toda su contundencia y el Tolima volverá a ser un territorio libre y seguro.