El ministro de Justicia, Néstor Osuna a través de su cuenta de Twitter hizo una especie de ABC sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro, de designar como voceras de paz a personas privadas de la libertad por hechos relacionados con las protestas sociales de 2021.

La iniciativa como es sabido ha tenido una fuerte crítica de la oposición, por ello el ministro Osuna ha salido a hacer claridad sobre la decisión gubernamental. Ha expresado de manera tajante que “No es indulto ni amnistía”.

Aseguró que estas personas que serán gestoras de paz “quedarán transitoriamente en libertad”, mientras cumplen con las tareas de paz o reconciliación que se les encomienden y “seguirán vinculadas a los procesos penales”. Hizo hincapié el Ministro que esta “medida ha sido útil en procesos de paz anteriores”.

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Explicó el Ministro de Justicia que la atribución del presidente Gustavo Petro de designar a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias como voceras que aporten al proceso de paz o a apaciguar la conflictividad social, la estableció de modo explícito la ley 2272 de 2022, que recientemente aprobó el Congreso de la República.

Hizo claridad, en el sentido que “La figura ya existía y varios gobiernos la utilizaron para nombrar voceros a miembros de grupos armados. Ahora la ley permite que también se designe a personas que no pertenecen a esos grupos, sino a organizaciones sociales o comunitaria. Se trata de la paz total”, advirtió.

No cobija a personas condenadas

Señaló, además, que el Gobierno creó una comisión que le recomendará al Presidente la inclusión o exclusión de voceros, caso por caso, y definirá los lineamientos de las tareas que se les asignen y del monitoreo respectivo. “Es una autorregulación sensata. Como MinJusticia presido esa comisión”.

Reiteró que esta comisión no recomendará que se designe como voceras a personas condenadas. El gobierno acatará cualquier decisión judicial al respecto.

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El ministro Néstor Osuna fue también enfático en llamar la atención, “sobre la inconveniencia de una narrativa que estigmatiza y criminaliza la protesta social”. En ese orden, advirtió que “Si queremos reencontrarnos como sociedad y tener un futuro sin violencia, tenemos que entender las causas del estallido social de los años recientes y reconocer que las injusticias sociales no se solucionan con la Fuerza Pública ni con el Derecho Penal.
 

Finalmente concluyó el jefe de la cartera de Justicia que “El discurso desinformado no es útil para el fortalecimiento de la opinión pública ni fomenta debates de calidad. Hago un respetuoso llamado a la serenidad  y al análisis racional de las normas recientemente expedidas”.