Opinión

Por: Jorge Ancízar Cabrera Reyes

Desde su preámbulo la Constitución Política de 1991considera la paz como uno de sus bienes fundamentales, y  en su artículo 2,  estima como finalidad principal  del Estado el de asegurar la convivencia pacífica; en su artículo 67, se estatuye que se educará en el respeto a la paz, la democracia y los derechos humanos y su artículo 95, numerales 4 y 6, establece que el deber de la persona y el ciudadano es buscar y propender por el mantenimiento de la paz. El derecho a la paz es a la vez colectivo e individual, se opone al Estado y se exige de él.

La descentralización se deberá desarrollar en un marco de conversación y de pactos, que signifique consensos: es el principio fundamental de la autonomía, que implica  la posibilidad  de involucrar a todos los interlocutores que tienen que ver con el proceso de descentralización, para fijar pautas y lograr en concreto, obras, servicios y funciones. La descentralización y la regionalización, así como el ordenamiento territorial son  problemas de fondo, porque diseñan el Estado que se quiere, con el proyecto de país compartido que anhelamos todos; es la fuerza determinante de la reconstrucción de la nación y el post-conflicto.

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Creemos que cada región y cada municipio tienen que encontrar su propio destino, respetando sus condiciones físicas y su potencial eco sistémico, desde el clima, los recursos naturales, la diversidad cultural, desde su entorno, la idiosincrasia, la superficie, la densidad, el ambiente, porque todo hace que las soluciones que se  adopten para los temas o problemas deben tener un punto de referencia común.

Hay que repensar  la participación ciudadana, si no la hay; la descentralización se convierte en un buen ejercicio. Desde el Estado se tiene mucha prevención a descentralizar la paz, porque pueden perder la unidad de mando en el orden público necesario para acciones bélicas.

Para la paz, la descentralización exige un proceso de reconciliación nacional entre la sociedad civil y la sociedad política. Tenemos la herencia del Frente Nacional donde existía la ruptura de la clase política y las organizaciones de la sociedad civil, por lo que se hace necesario encontrar los instrumentos que  articulen la sociedad civil con el Estado y que devuelva la calidad de ciudadano a una persona que había sido marginada y excluida de dicho ejercicio.

Las Regiones deben apostarle a poner en marcha una política conjunta de cooperación descentralizada para el desarrollo regional. Se presenta así una oportunidad estratégica para orientar la definición de alternativas regionales y locales, generando espacios concretos que tienen como propósito la prevención y contención del conflicto, de negociaciones de paz y de reconstrucción. Hay que defender y apoyar el  acuerdo  de paz logrado en la Habana entre el Estado colombiano y las Farc, como  búsqueda de una  salida negociada del conflicto social y armado que ha vivido Colombia y que aún persiste, la descentralización en el proceso de paz es un tema que debe ser recurrente y de primera línea.

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Todo ello a fin de que nuestros principios constitucionales, legales, reglamentarios y con sus instituciones puedan atender la solución de los problemas de descomposición social,  inseguridad y desigualdades que alejan cada vez más a Colombia de una verdadera vida democrática. Y como deber del Estado de prevenir los riesgos que se manifiestan entre el hombre y la naturaleza, asegurando la protección del medio ambiente y los recursos naturales esenciales para la vida humana y los daños irreversibles que puedan amenazar los equilibrios de la biósfera. Y como lo manifestó el Ex presidente de Colombia Darío Echandía. "Si no cambiamos las cosas, nos cambian a nosotros". Si a la paz no a la guerra.