Lo sucedido en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá (Valle del Cauca), no es sorpresivo ni nos debe asustar. Es el reflejo de la politización de esa institución que se ha profundizado en los gobiernos de extrema derecha que encarna el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus agentes, especialmente el de Iván Duque, que representa el autoritarismo y el desprecio por los derechos humanos.

Aunque la historia de manifestaciones abiertas o soterradas políticas de la policía no es nueva; en las últimas dos décadas ha estado ligada a la orientación del expresidente Uribe, que en la práctica, la ha puesto al servicio de sus intereses políticos y económicos y de los grupos privilegiados que siempre ha defendido.

Entonces, no es gratuito que surjan expresiones como la apología a los símbolos y alegorías nazistas como lo que acaba de suceder en la Escuela de la Policía de Tuluá, si el considerado por Uribe, como uno de sus principales ideólogos, el polémico y cuestionado Alexis López, un seudointelectual chileno, referente de los círculos del pensamiento que rodearon al sanguinario dictador Augusto Pinochet, cuyo libro de cabecera es “Mi lucha” de Adolf Hitler.

Y López, como se sabe, ha sido conferencista, instructor y maestro, tanto del Ejército como de la Policía en Colombia, donde ha expuesto su teoría sobre la “revolución molecular disipada”, utilizada para reprimir las protestas sociales que se han realizado en el país, al considerar como vándalos a todos los que se manifiestan, partiendo de la tesis nazista que promueve el extremista chileno.

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Según los estudiosos de esta hipótesis,  “Los ‘filósofos’ como Alexis López sostienen que dichos movimientos carecen de voluntad y de razón, que se manipulan fácilmente y que, sin discriminación, deben ser objeto de intervención militar, en la medida en que se identifican con la izquierda extrema y la guerrilla, sin detenerse a observar, por ejemplo, que ese no es el caso colombiano”.

Esto explica, no solamente la utilización de la Esvástica o Cruz Gamada por la Escuela de la Policía de Tuluá, sino la represión tan desproporcionada y bárbara de esta institución, a las protestas en el pasado paro nacional, donde además de muertos, desapariciones, violaciones, detenciones y allanamientos ilegales, se quería sembrar el terror en la ciudadanía, respondiendo de la misma forma que hizo Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y Franco en España, en la Segunda Guerra Mundial.

De allí, el asombro del mundo entero por una acción que no tiene justificación ni disculpas de ninguna especie, tal y como lo afirmó el embajador de los Estados Unidos en Colombia Philip S. Golberg, y los comunicados de las embajadas de Alemania e Israel.

Infortunadamente, como lo dijimos, esto no es nuevo en la policía, baste recordar la aciaga época de la hegemonía conservadora y la beligerancia que asumió la policía durante este periodo (1946-1953), donde se pudo establecer que el papel de este organismo armado estuvo articulado más a una noción político-partidista que a una acción social o de protección de la vida, bienes y honra de los ciudadanos.

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Por eso, son urgentes y necesarias las reformas que varios sectores sociales y políticos han propuesto a la policía, no solo para hacer más transparente su accionar, también para imprimirle cambios y exigencia en la formación de los uniformados, empezando por la despolitización de la institución, que no debe estar al servicio del partido de gobierno sino de todos los ciudadanos.

Ideologizar a la policía es perverso y hasta macabro, cuando esta debe de ser una institución apolítica que debe servir por igual a todos los ciudadanos, sin discriminación de credos ni colores políticos, máxime en un país tan dividido políticamente como el nuestro.

La educación y formación tanto de oficiales como de agentes de policía debe estar ajustada a las normas que rigen un Estado Social de Derecho, como el colombiano donde las autoridades “están instituidas para proteger a todos los residentes en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, jamás para estar al servicio de ningún partido o movimiento, menos de intereses oscuros que dejaron más de seis millones de víctimas en un holocausto en la Segunda Guerra Mundial y en la actual violencia de nuestro país, 6.402 ejecuciones extrajuicio, reconocidas por la JEP.

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Según la Constitución del 91, la formación de nuestra policía es civilista y tiene la finalidad de conservar la convivencia, por lo que se debe fortalecer estos pilares en el Sistema Educativo Policial, para construir una institución que genere confianza en la ciudadanía como parte de la formación de un  Estado Social y democrático de derecho.

Casos como el de la Escuela de Formación de la Policía en Tuluá, que nunca se vuelvan a repetir, y que se inicie un desmontaje real del andamiaje ideológico neonazi y fascistoide de los sectores policiales formados en los últimos años, donde figuran los manuales de Alexis López, propios para escuelas de dictaduras como la de Pinochet en Chile.