La Fiscalía imputó cargos por los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo en 3 oportunidades con cohecho impropio en 8 oportunidades en concurso heterogéneo, a un funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) del Tolima, identificado como Henry José Mejía Padilla, por presuntamente haber solicitado y recibido dádivas de usuarios de la entidad a cambio de trámites propios de sus funciones como oficial de catastro, por una suma cercana a los $15.000.000 de la que supuestamente se apropió en los últimos tres años.

El procesado quien no aceptó los cargos imputados por el ente acusador, quedó al descubierto tras una denuncia realizada por una víctima a la que le tenía suspendido un proceso por cerca de 6 años para lo cual ya le había pagado.

Las quejas empezaron a ser reiterativas ante la entidad, las cuales llegaron a oídos del mismo director quien brindó información valiosa a los funcionarios del CTI de la Fiscalía Seccional Tolima, quienes adelantaron las respectivas investigaciones, bajo la dirección de un delegado fiscal del grupo de Administración Pública, logrando así su captura en la mañana de ayer en su propia oficina en el centro de Ibagué.

Cuenta la Fiscalía con suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física tales como 22 consignaciones enviadas de usuarios a nombre del funcionario, a quienes les realizó trámites tales como cambios de predio, modificación de avalúos, corrección de zona económica, inscripción de mejoras en los inmuebles, englobes, desenglobes, entre otros propios de su labor como oficial de catastro grado 7°, para lo cual diligenciaba resoluciones, quedando en actos administrativos evidenciada su ilicitud.

Gracias a la búsqueda selectiva en bases de datos, se comprobó que reclamó el dinero en diferentes casas de giros y remesas no solo en la capital tolimense sino también en varios municipios cercanos, pues su labor se extendía hacia otras zonas del Departamento en donde debía visitar los inmuebles de los ciudadanos.

De igual manera, reposa en la carpeta de la investigación contra del hombre de 59 años, un monitoreo de los análisis realizados a varias horas de grabación de las llamadas que le fueron interceptadas, en las que les exige dinero a los propietarios de los bienes inmuebles a cambio de agilizar y efectuar trámites que son totalmente gratuitos, y en otras donde es amenazado por usuarios insatisfechos porque supuestamente no les había cumplido con lo pactado y por ello aseguraban que de no hacerlo, lo delatarían con el director del Igac y las autoridades judiciales.

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Fue así como la representante de la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro de reclusión contra el encartado, al no encontrar una medida menos lesiva por la gravedad y modalidad de la conducta, con lo cual defraudó a la ciudadanía y a una entidad territorial que le brindó absoluta confianza por más de 30 años.

De igual manera calificó su mentalidad de corrupción desvergonzada y por ende un que el hombre representa un peligro para la sociedad y que seguramente no comparecerá al proceso.

Teniendo en cuenta todos estos argumentos, el juez de turno avaló tal solicitud y lo privó de la libertad en centro de reclusión donde deberá permanecer mientras continúa la investigación en su contra.