Hasta la sagrada autonomía universitaria, conquistada a través de luchas y sacrificios estudiantiles, de profesores, trabajadores y empleados, desde hace más de un siglo (Universidad de Córdoba-Argentina); respetada por anteriores mandatarios seccionales, fue prácticamente borrada y el mando real del principal centro de enseñanza superior del departamento, lo tiene el jefe de la administración departamental, personificado en su representante ante el Consejo Superior de la universidad, Olga Lucia Alfonso, quien ejerce también como una especie de Comisaria Política del despacho del gobernador, a la mejor usanza franquista.

El rector (e) de la UT, Omar Mejía Patiño, es poca o nula la injerencia o autonomía que tiene para desempañar su cargo, ya que en los casi cuatro meses que lleva frente a su cargo, según informes de estudiantes, trabajadores y empleados, este funcionario simplemente cumple las órdenes que le llegan del 10º piso de la gobernación, por conducto de la Comisaria Política.

Esta situación ya se había advertido con anterioridad por parte de diferentes estamentos universitarios y sectores políticos, que el señor Barreto quería la UT y Cortolima, como joyas de la corona para convertirlas en bastiones de la campaña de su primo Miguel Barreto al Senado. Con Cortolima no pudo, y tuvo que contentarse con la universidad sobre la cual ha concentrado todas sus baterías llevándola a una burocratización excesiva y como finca dispensadora de beneficios electoreros. La UT, bajo ningún gobierno que se recuerde, había llegado a este estado de postración y sumisión tan vergonzoso, en tan poco tiempo.

Además de los 26 cargos directivos de la UT, que nombró el rector (e), al inicio su mandato, todos de corte barretista, ahora se agrega un rosario de perlas por el estilo, que con la ayuda de Garganta Profunda, a quien llamaremos así por razones obvias de seguridad y protección a nuestra fuente de información, les contaremos algunos hechos comenzando por el nombramiento del Asistente del Asistente.

El Asistente del Asistente

En efecto, Joan Sebastián Suárez Gómez, por el sólo hecho de ser el consentido de la esposa del rector, Inés Yohana Pinzón, quien se desempeña como profesora de la Facultad de Derecho, fue nombrado como Asistente del Asistente de la Rectoría, sin que este cargo se necesitara; solo por incrementar la burocracia. El beneficiado, se graduó como abogado el pasado 30 de septiembre en la UT. No tiene ninguna experiencia para ser asistente en rectoría, pero al parecer, si cuenta con los buenos oficios de la esposa del rector.

También se han registrado traslados y movimientos internos para crear falsas necesidades de cargos, como en el caso de Alejandra Mesa, quien pasó de la Oficina de Relaciones Laborales, como profesional grado 17, a la de Investigaciones, a un supuesto grupo de proyectos que no existe legalmente por no haber sido creado institucionalmente y porque las labores de gestión de proyectos, las cumple la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI). En reemplazo de Alejandra, vincularon a Dora Duque Cifuentes, profesional en Salud Ocupacional y especialista en Mercadeo, con esta formación académica la señora Dora, no está habilitada para cumplir las funciones que ejercía Alejandra.

Trasladaron a Gustavo Alzate, quien era Asistente del Vicerrector Administrativo en nivel profesional y grado 18, para la Oficina de Desarrollo Institucional, a coordinar el Banco de Proyectos. Este traslado tampoco se requería, pues con la gente que tiene esta dependencia era suficiente. Simplemente se hizo, por abrir otro puesto que fue ocupado por César Augusto Gómez Montoya.

Trasladaron a la abogada Laura Álvarez, Coordinadora de la Oficina de Contratación, vinculada como profesional grado 17, al Consultorio Jurídico, y nombraron en su reemplazo a Andrea Carolina Cajiao, quien parece que llegó bien recomendada pues le crearon cargo de Directivo. Pero lo peor es que el cargo al que fue trasladada Laura, tampoco se requería. La mandaron hacer trabajos  logístico y secretarial que no corresponde al nivel ni grado de ella. Es decir, un abuso y arbitrariedad laboral al desmejorarla en sus condiciones laborales, solo por justificar un nuevo nombramiento de la aplanadora barretista.

Pero la llegada de la señora Álvarez, al Consultorio Jurídico, generó otro movimiento. Trasladaron a Erika Paobla Lugo, quien hacia trabajos administrativos, a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Este nombramiento tampoco se requería, esta facultad tiene personal suficiente para realizar estas actividades.

En conclusión, los movimientos mencionados, generaron tres nuevos nombramientos en la UT. Además, de fomentar la sub-utilización de los funcionarios que trasladaron, nos indica nuestra fuente Garganta Profunda.

¿Dónde están y en qué quedaron los cambios que prometió y que iba a realizar en la universidad una vez estuviera en manos del barretismo, incluyendo el recorte de personal y la racionalización del presupuesto?

Y a propósito de todo esto, también cabe preguntar: ¿dónde estarán los de la huelga de hambre, los activistas de derecha e izquierda que no se dan cuenta de lo que está sucediendo?

El Cronista.co registrará nuevas denuncias sobre el clientelismo barretista en la UT. ¿Será que los 10 mil millones de pesos del crédito que aprobó el Consejo Superior de la universidad, se invertirán en pago de burocracia y de favores políticos?