A través de un documento, los mandatarios departamentales electos el pasado 29 de octubre, le solicitaron al Gobierno del presidente Gustavo Petro más recursos para la aplicación del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Con el aumento solicitado se espera lograr una cobertura del 95 por ciento, que impacte el acceso y la permanencia escolar.

La solicitud está dirigida el presidente Gustavo Petro, al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, a la ministra de Educación Aurora Vergara, y al director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Luis Fernando Correa

Entre los firmantes del documento se encuentra la Gobernadora electa del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien destacó la importancia que tiene la petición, pues se trata de garantizar la permanencia escolar y así evitar la deserción.

.“En el marco de la política del Gobierno Nacional enfocada en concebir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la meta de alcanzar la cobertura universal del 76% al 95% que impacte el acceso y la permanencia escolar, así como también, extender el programa más allá del periodo escolar, como una estrategia de seguridad alimentaria; respetuosamente queremos poner en su conocimiento algunas consideraciones respecto a la cofinanciación del Programa en los diferentes departamentos del país.” manifestaron los gobernadores

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Subrayaron en el documento que “tras la expedición de la Ley 1450 de 2011, que estableció a la concurrencia entre el Ministerio de Educación Nacional y las Entidades Territoriales para la implementación del PAE, los departamentos del país han venido asumiendo la corresponsabilidad en la financiación y ejecución de la estrategia. Es así como, durante el año 2023 el Gobierno nacional vía presupuesto general de la nación aportó cerca de $ 1.58 billones y las entidades territoriales aportaron aproximadamente $ 1.75 billones, recursos que en la mayoría de los casos desfinanciaron otros proyectos de inversión y gasto social”.

Argumentan los mandatarios electos que “el PAE durante el 2023 ha costado más de $3.33 billones que como se evidencia, han sido apalancados en mayor proporción por las entidades territoriales sin que cuenten con recursos suficientes para dicha obligación”.