El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, afirmó que, al interior de la Universidad del Tolima (UT), opera la brigada rebelde Luis Otero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y además ha resurgido el desaparecido movimiento M19.  

La Universidad del Tolima junto con otras universidades de país, fue objeto de investigaciones e inteligencia que permitieron detectar estos dos grupos al margen de la ley.

Estas personas son quienes participan en los disturbios y proceden adoctrinar estudiantes y docentes con el fin de alterar el orden público, elaborar elementos explosivos y desestabilizar las aulas.

La Dirección Especializada de Organizaciones Criminales, adelanta 9 investigaciones relacionadas con hechos de infiltración y manipulación en las universidades públicas de Santander, Bogotá, Pereira, Nariño, Tolima, Cali, Atlántico y   Cúcuta.

Según el Fiscal,  esta organización estaría distribuida de la siguiente manera: JM-19 Brigada Rebelde Andrés Almarales, JM-19, Universidad Distrital de Bogotá, Brigada Rebelde Álvaro Fayad, JM-19 Universidad del Tolima, Brigada Rebelde Luis Otero.

 Así mismo, JM-19 Univalle - Brigada Rebelde Iván Marino Ospina, JM-19 Unicórdoba - Brigada Rebelde Roberto Augusto Montoya, JM-19 Udenar (Universidad de Nariño) - Brigada Activa Carlos Pizarro, JM-19 UTP (Universidad Tecnológica de Pereira), Brigada Carlos Toledo Plata.

JM-19 Unipamplona - Brigada Rebelde Gustavo Arias Londoño. JM-19 Universidad de Antioquia y Brigada Rebelde Nelly Vivas Rebolledo, JM-19 Unicauca.

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El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, presentó un recuento pormenorizado de la estrategia criminal de los Grupos Armados Organizados Residuales y del ELN para infiltrar los principales centros universitarios del país de carácter público, y ofrecer capacitación técnica para elaborar artefactos explosivos y obtener la materia prima para el efecto.

En reunión con el Ministerio de Educación, el Fiscal General de la Nación entregará información detallada de las investigaciones judiciales, en las que se evidencia la manera de cooptación en las universidades públicas por parte de estos grupos con el propósito de afectar la seguridad ciudadana y el orden institucional del país, mediante la incentivación de protestas sociales violentas que comprometan a la población estudiantil.

Cooperación de MinEducación

En ese sentido, el Fiscal General solicitará a la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, que, como rectora de las políticas educativas en Colombia, concite la cooperación de los rectores de los centros universitarios, además se lleve a cabo una acción preventiva, se convoque la acción solidaria de los docentes y la población universitaria para prevenir el ingreso acelerado de grupos clandestinos y terroristas en las universidades públicas.

Igualmente, se logró establecer que existen disidencias de las Farc en dónde se logró ó detectar una plataforma criminal que habrían diseñado en cabeza de alias “Gentil Duarte” e “Iván Mordisco”, para infiltrar los movimientos sociales y universitarios, y promover ataques a la fuerza pública y la infraestructura mediante el uso de explosivos y sustancias químicas.

Varias comunicaciones conocidas en el curso de las investigaciones, evidenciaron que el plan ilegal fue encargado directamente a Diego Camilo Beltrán Márquez, alias “Alejandro”; y Lenin Vargas Perdomo, alias “Lenin”, quienes fueron capturados en una operación coordinada entre la Fiscalía y la Policía Nacional en Villavicencio (Meta).

Contra estas dos personas hay material probatorio que los responsabilizará en la creación y fortalecimiento de grupos radicales en universidades de Bogotá, Meta, Cauca y Valle del Cauca; así como la infiltración de movimientos sociales para desprestigiar y sabotear la ejecución de los programas del Gobierno Nacional en Guaviare, Caquetá, Putumayo y otros departamentos del sur y oriente del país.

Los controles técnicos en poder de la Fiscalía darían cuenta de varias conversaciones telefónicas. En una de ellas, alias “Alejandro” reconoció que estuvo presente en el ataque contra las instalaciones de la cadena radial RCN en Bogotá, en noviembre de 2018, en el que también lanzaron bombas incendiarias al grupo de policías que custodiaba la sede del medio de comunicación.

En otros diálogos registrados entre febrero y marzo del presente año, ‘Alejandro’ y ‘Lenin’, al parecer, coordinaban la compra de explosivo tipo anfo y hablaban de la dificultad de conseguirlo por su elevado valor en el mercado. Incluso, proponen hacer colectas o ‘vacas’ en las distintas universidades y cubrir el costo del explosivo.

Nexos con grupos armados fuera de la ley

De los nexos de estos dos hombres con los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) en el oriente del país hay fotografías, documentos e interceptaciones, en una de ellas, del 2 de abril de 2019, alias “Sandra”, capturada en la operación en la que fue neutralizado alias “Rodrigo Cadete”, reveló que el propio ‘Alejandro’ habría dejado el estuche de las gafas en el campamento y que, en el momento que ingresaron las Fuerzas Armadas, varios uniformados preguntaron si en el lugar había algún universitario o médico que usara ese tipo de accesorios.

Diego Camilo Beltrán Márquez, alias “Alejandro”, perteneció al frente 27 de las extintas FARC, estuvo vinculado al Proceso de Paz con el Gobierno Nacional, hizo parte del Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Vistahermosa (Meta), y, recientemente, era precandidato a la alcaldía de Vistahermosa- Meta.

Alias “Alejandro” y “Lenin” fueron judicializados en Villavicencio y la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo, por disposición del juez de control de garantías recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

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El material probatorio recopilado daría cuenta de un movimiento clandestino conocido como JM – 19, que tendría vínculos con el ELN y los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). De acuerdo con las investigaciones realizadas por la delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación esta organización ilegal estaría presente en 10 universidades públicas del país y habría participado en las protestas sociales de Cauca y las marchas universitarias programadas recientemente.

El registro fílmico en poder de los fiscales evidencia la manipulación de la población estudiantil, la fabricación y manejo de artefactos explosivos como ‘papas bomba’, disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública.

¿Y de Odebrecht qué?

Lo raro de estas investigaciones que hace la Fiscalía son sumamente rápidas y aceleradas, mientras el cuestionado y polémico Fiscal Martínez, no avanza en el esclarecimiento de los actos de corrupción de Odebrecht, caso en el que se encuentra comprometido por haber sido asesor de una Coficolombina, empresa del grupo AVAL.  

Lo acusan de enmascarar los sobornos de la empresa brasileña en Colombia . Martínez quien tomó posesión de su cargo como Fiscal General en 2016, fue antes uno de los abogados consultores del grupo AVAL, uno de los principales conglomerados bancarios colombianos e interviniente en la principal obra en la que participó Odebrecht.

Esta investigación no avanza en nada, pese a tener Fiscal ad hoc y Fiscales especiales, claro nombrados por el mismos Martínez Neira.

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