La pelea al interior de Simatol está para alquilar balcones. Ayer el plénum departamental a través de un comunicado condenó el comportamiento del Fiscal Ernesto Cañas, por retención de salarios y presunto acoso laboral a la contadora de la agremiación, especialmente. 

Pero la realidad parte de los estados fincancieros que tienen que ser aprobados antes de marzo por los maestros, y que de acuerdo al Fiscal no cuadran por donde se les mire. En su informe de gestión con corte 22 de febrero del presente año hace las siguientes precisiones.

Indica el Fiscal que cuando un integrante de Simatol viaja a Bogotá se le paga por viáticos 450 mil pesos, 250 mil corresponden al concepto viáticos, 150 mil reconocimiento de transporte terrestre y 50 mil para traslados internos y muchas veces los directivos no presentan los soportes. Esta forma de presentación difiere lo dispuesto en el Código sustantivo de trabajo que establece que los viáticos son un conjunto de gastos compuestos por a)Transporte, b)Manutención, c)Alojamiento (cuando la misión se refiere a más de un día)

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En cuanto a la caja menor insiste el Fiscal que los correctivos que se requieren para manejar estos recusos no se ha reglamentado, dejando un vacío contable que debe superarse. Por  eso exigió desde octubre del año anterior la expedición de una resolución para reglamentar de forma adecuada este fondo y que considere aspectos como su finalidad, tope máximo de desembolso, manejo y control de dineros, reembolsos, normas restrictivas, manual de procedimiento y prohibiciones.  

En materia de pago de empleados del sindicato, advierte el alto funcionario que se debe generar una transferencia para cada persona y no exponiendo como ocurre en la actualidad a una persona que mes a mes reclama el valor de todos para luego ser distrubuido en los empleados y contratistas. Hecho que también pone en riesgo trinutario a quien realiza esta transacción ante la DIAN. 

Llama la atención el item de prestación de servicios, la organización sindical cuenta con un grupo de contratistas, que atienden  servicios jurídicos, informáticos, contables, periodísticos, artísticos, entre otros, que prestan sus servicios con actos administrativos que legalice su vinculación contractual y legitime los soportes de gasto, más cuando parte de esas vinculaciones no fueron aprobados por la junta donde autorizan al presidente la firma de los mismos.  

El informe revela además un crédito con el Banco Popular por valor de 95 millones de pesos para cancelar una deuda de aportes a Fecode año 2018 por parte de la Junta directiva anterior.  En este prestamo se cometió otro error, porque violó sus estatutos “El Comité Ejecutivo Departamental no estará facultado para adquirir compromisos bancarios que comprometan los bienes y la estabilidad económica del sindicato”. Se espera a la fecha si se puso en riesgo los bienesd de la organización sindical.

Cañas exige que se realice una asamblea general de delegados, entendiendo que la última se realizó el 28, 29 y 30 de septiembre del 2016 para que permita desde la reunión de todos subsanar los propblemas de procedimiento y procesos al interior del sindicato.  El Comité Ejecutivo en acatamiento a este mandato estatutario NO HA CONVOCADO y por tal razón no ha sido posible que GOCEN fuero sindical como lo establecen los estatutos y las normas laborales, además no han sido capacitados en el manejo eficiente de su gestión y uso adecuado de sus recursos. 

Como también se EVIDENCIA el incumplimiento del Art. 44 de los Estatutos, relacionados con la liquidación del GIRO del 10% a las Subdirectivas municipales, Comités seccionales y zonales de Ibagué , en razón a que la tesorería no está entregando el valor que corresponde al porcentaje de los aportes de los afiliados en cada jurisdicción.