La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, de la Fiscalía General de la Nación, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 21 inmuebles urbanos, siete vehículos, dos sociedades y un establecimiento de comercio que pertenecerían al senador Mario Alberto
Castaño Pérez.

El senador Castaño, del Partido Liberal, fue detenido el pasado miércoles mientras salía del Capitolio, por ser el presunto líder de una red de corrupción que se dedicaba al saqueo de los recursos públicos.

Las propiedades tendrían un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. En las verificaciones realizadas, se constató que algunas de estas estaban a nombre de familiares y personas cercanas al congresista. pic.twitter.com/leyVvAqs5b

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 10, 2022

Funcionarios del CTI de la Fiscalía ocuparon los 31 bienes en diligencias realizadas en Pereira, Manizales, Quibdó, Cartagena y Medellín. Las propiedades tendrían un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. En las verificaciones realizadas, se constató que algunas de estas estaban a nombre de familiares y personas cercanas al congresista.

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Esta acción se da producto de una compulsa de copias realizada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la captura del senador Castaño Pérez por su presunta participación en esta red de corrupción que habría gestionado de manera irregular contratos en varios departamentos y entidades del orden nacional.

Esta acción se da producto de una compulsa de copias realizada por la @CorteSupremaJ, que ordenó la captura del senador Castaño por su presunta participación en una red de corrupción que habría gestionado de manera irregular contratos en varios departamentos y entidades. pic.twitter.com/ymDB5LHvZi

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La investigación inició marzo de este año, cuando la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, puso en evidencia un supuesto entramado ilegal y logró la judicialización de 10 personas señaladas de interceder indebidamente en cerca de 50 procesos de contratación que superaron los 43.000 millones de pesos.

Los bienes afectados con medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).