El presidente Gustavo Petro en su apuesta y búsqueda incesante por la Paz Total, nombró como gestores de paz a 17 exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). El propósito es uno solo: contribuir “con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales".

Ante esa decisión, el reconocido analista, investigador y director de Pares Colombia, León Valencia, escribió en su cuenta X un mensaje que por su contenido será motivo de diversas interpretaciones.

Afirma Valencia que el nombramiento como gestores de paz de toda la cúpula paramilitar que acordó su desmovilización en época que fue presidente Álvaro Uribe Vélez se trata de “otra decisión arriesgada y controversial  del presidente en la búsqueda de la paz total”. 

Asegura León Valencia que “Es probable que al final de su mandato la estrategia de hacer grandes concesiones a las fuerzas ilegales para meterlas en la paz , le dé resultado a Petro; pero, por el momento, le ha dado sólo dolores de cabeza”

Agrega el analista Valencia que “Estos jefes paramilitares que escalaron el conflicto en Colombia y sembraron de horror los campos, le dieron todo a Uribe, le ayudaron en sus dos elecciones, se desarmaron y desmovilizaron y con ello elevaron su popularidad, se sometieron a la justicia y terminaron extraditados”.

Remata el mensaje con la afirmación que ojalá estos exparamilitares no le hagan conejo a Petro. “Ahora Petro les da el estatus de gestores de paz con la esperanza de que le ayuden a desmovilizar y desarmar a sus herederos y que ratifiquen, con pruebas, las verdades ya conocidas y cuenten secretos que aún no sabe la opinión pública y la justicia sobre las alianzas con políticos, empresarios y Fuerza Pública. Esperemos que estos tipos que le dieron todo a Uribe no le hagan conejo a Petro”.

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Los representantes del gobierno y los gestores de paz designados tendrán la misión de impulsar procesos con el grupo Comuneros del Sur, en Nariño, el Estado Mayor Central de las Farc (EMC) y con estructuras armadas organizadas del crimen en Medellín y el Valle de Aburrá.

Senador Isabel Cristina Zuleta, coordinadora

En ese contexto, el Gobierno nombró a la senadora Isabel Cristina Zuleta López, como coordinadora de su delegación, quien está facultada para realizar todos los actos necesarios para entablar conversaciones sociojurídicas con las estructuras armadas —de la citada región— que demuestren voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos que establece la Ley y construir la paz en los territorios.

La misma resolución incluye como representantes del Gobierno a Jorge Iván Mejía Martínez, María Isela Quintero Valencia, Jorge Arturo Salgado Restrepo, Mirtha Yolanda Cucaita Rincón y Ramón Elejalde Arbeláez.

La resolución indica que la designación como gestores de paz será de seis meses y que sus actividades serán desarrolladas en las condiciones excepcionales, temporales y territoriales que sean definidas en el plan de gestión que se suscriba en cada caso con el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.

Los gestores de paz por el lado de los exparamilitares son Salvatore Mancuso Gómez; Carlos Mario Jiménez Naranjo, más conocido como 'Macaco'; Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna'; Hebert Veloza García,  'H.H'; Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40'; Rodrigo Pérez Alzate, 'Julián Bolívar'; Fredy Rendón Herrera, 'El Alemán'; Edwar Cobos Téllez, 'Diego Vecino'; Héctor Germán Buitrago Parada, 'Martín Llanos'; Ramón Isaza; Arnubio Triana Mahecha, 'Botalón'; Héctor José Buitrago Rodríguez, 'El Patrón'; Ramiro Vanoy Murillo, 'Cuco Vanoy';  Hernán Giraldo Serna, 'el señor de la Sierra'; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, 'el Águila';  Manuel de Jesús Pirabán, 'Pirata';  Juan Francisco Prada Márquez, 'Juancho Prada', y  José Baldomero Linares Moreno, 'Guillermo Torres'.

El Gobierno fue enfático en señalar que el reconocimiento como gestores de paz de las personas señaladas, no modifica su situación jurídica ni las medidas de aseguramiento vigentes o su régimen de libertad y tampoco conlleva a beneficios judiciales.