De acuerdo con el Ministerio de Justicia, un juez de la capital del Tolima concedió a una madre cabeza de familia que estaba privada de la libertad, la figura de ‘servicio de utilidad pública’ consagrado en la Ley 2292 de 2023.

La medida tomada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Ibagué le permite a la mujer cumplir su condena a través de un plan de trabajo comunitario que consiste en 18 horas semanales de lunes a viernes. Ese trabajo estará relacionado con el apoyo de proyectos comunitarios de desarrollo social en huertas comunitarias, lo mismo que en oficios de conservación ambiental.

“Esperamos que otras mujeres puedan beneficiarse por este sustituto de medida restaurativa que pueda también beneficiar a las comunidades en una forma de reparación simbólica que pueda reducir la reincidencia y puede invitar a las comunidades a generar una reflexión sobre cómo evitar los delitos en personas que particularmente tienen condición de marginalidad”, señaló el Ministerio de Justicia.

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Agregó el ministerio de Justicia que seguirá trabajando para supervisar que estas medidas sean ejecutadas de manera seria y rigurosa y acompañará el trabajo de los jueces de la República en la concepción de esta medida.

La medida ha sido de buen recibo en diversos sectores de la sociedad, pues con ello se entiende que esa es una verdadera política de resocialización. “Esta figura consiste en que las mujeres que han cometido delitos menores, delitos característicamente cometidos en situaciones de marginalidad o pobreza, y que son cabeza de hogar, puedan en vez de estar privadas de la libertad, ejecutar un servicio comunitario”, señaló el viceministro camilo Umaña.