Pese a los intentos por transmitir tranquilidad frente a los resultados electorales del pasado 8 de marzo —tanto en el preconteo como en los escrutinios—, la incertidumbre persiste. El cambio en la asignación de curules tras el recuento confirma que las alertas emitidas por el presidente Petro eran razonables.

En este contexto, el mandatario interpuso un derecho de petición ante la Fiscalía para conocer el avance del fallo del Consejo de Estado de 2018. Dicha sentencia ordenaba a la Registraduría adquirir un software propio del Estado, para evitar que el sistema electoral dependiera de manos privadas, situación que aún se mantiene.

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Al respecto, el presidente Petro enfatizó que “El mayor fraude en las elecciones es el desacato a la justicia al desobedecer la orden judicial de 2018 de obtener un software público propiedad del Estado. Hoy sigue en manos privadas”.

Asimismo, el mandatario señaló un segundo elemento anómalo: el fraude en la conformación de las listas de jurados. “Tanto las listas de jurados como el software carecen de transparencia”, agregó. Petro recalcó que su convocatoria para la vigilancia electoral logró movilizar a más de un millón de testigos: “Fue la misma ciudadanía la que cuidó el voto, espero que con éxito. Hay que mejorar el cuidado ciudadano para las elecciones presidenciales”.

Interrogantes a la MOE

Por otro lado, el abogado Alejandro Carranza, defensor del jefe de Estado, planteó 14 interrogantes a la Misión de Observación Electoral (MOE), solicitando claridad sobre el informe parcial de los recientes comicios.

En dicho reporte, la MOE indicó que solo existió una diferencia del 0,2% entre el preconteo y el escrutinio. Según Carranza, este dato se ha tergiversado para atacar al presidente: “Hemos visto cómo se manipula el informe para silenciar al mandatario y adelantar agendas políticas. Por ello, formulamos 14 preguntas para que la MOE aclare la situación lo antes posible”.

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Finalmente, el jurista concluyó que las advertencias del presidente fueron acertadas y permitieron dotar de mayor transparencia a las elecciones. No obstante, subrayó que el problema de fondo persiste. “El incumplimiento en la compra del software por parte de la Registraduría es la falla más grave. Estas garantías son indispensables para proteger la democracia y asegurar que ni un solo voto se pierda”.