La Ley 2272 de 2022, conocida como ley de Paz Total, prorrogó el marco legal para que el Gobierno nacional negociara con grupos armados ilegales y sentó las bases para la política de paz de la administración Petro. El Gobierno logró la reapertura de conversaciones con el ELN en octubre de 2022, lo que para muchos fue un buen augurio de lo que estaba por venir.

Meses después, el Gobierno anunció un supuesto acuerdo de cese bilateral al fuego con cinco grupos armados: el ELN, las disidencias de la Segunda Marquetalia, las disidencias del Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Sin embargo, poco a poco se dieron una serie de tropiezos que han ido desdibujando un proyecto de paz ambicioso.

El más reciente episodio en esta serie de fracasos, tuvo que ver con la decisión del Gobierno Nacional de romper parcialmente (en cuatro departamentos) el cese al fuego con la disidencia del Estado Mayor Central (EMC-FARC), algo que no cayó bien entre la comandancia de este grupo armado ilegal. 

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El sábado 27 de mayo se conoció un comunicado en el que el EMC aseguraba que “se pasó por encima de los mecanismos pactados” y anunciaba medidas al respecto. “Se sobreentiende que esto deja inválido el protocolo de cese al fuego y los compromisos asumidos por las partes […] No asumimos rupturas parciales apresuradas, ni medidas que pasan por encima de lo ya pactado”, reza el comunicado.

Además, la disidencia advirtió a los candidatos de “partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra” para que no ingresen a sus zonas de dominio. “No son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puntos de control”, se lee en el comunicado.

Sobre el tema, Juana Cabezas, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), ha manifestado que la actual situación de violencia en el país es la radiografía de lo que se veía venir desde hace algunos meses atrás.

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Los protocolos de cese al fuego no han sido respetados y Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Antioquia, han sido los departamentos más golpeados por la violencia. "El Gobierno necesita tomar decisiones, poner ciertos límites y dejar unos protocolos más claros para un accionar más preciso sobre estas estructuras armadas, los protocolos de cese al fuego son ambiguos y generan un vacío que es aprovechado por los grupos irregulares para afianzar el control social y territorial por medio de la violencia", dijo la investigadora.

"La apuesta es grande y se debe lograr minimizar estas fuerzas violentas en los territorios, pero por encima de esto, el Gobierno debe definir los métodos para abordar los acercamientos con los grupos al margen de la ley que quieran hacer parte de la Política de Paz Total, midiendo las voluntades de quienes verdaderamente quieran apostarle a la propuesta del presidente Gustavo Petro y no entrar en un desgaste en materia de orden público y político a la vez”, aseveró la representante de INDEPAZ.

Las intervenciones fueron entregadas en el marco de la presentación del nuevo comando élite multicrimen en la localidad de Kennedy en Bogotá.