La implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Farc, al margen de las discusiones políticas y de las modificaciones jurídicas a que haya lugar tras la posesión de un nuevo gobierno, supone la construcción de nuevos escenarios que permitan consolidar un país bajo los principios de justicia y equidad social. Retos mayúsculos para una nación que vivió por más de 50 años sometido al rigor de la guerra y que pese a los atisbos de nuevas formas de violencia, empieza a dar pequeños pasos hacía la superación del conflicto armado.

La construcción de una agenda en torno a una reforma rural agraria; la consolidación de los derechos de oposición; el reconocimiento de movimientos sociales; la solución al problema de las drogas ilícitas y la reparación a las víctimas del conflicto, no solo marcan la hoja de ruta por la que debe transitar el país en adelante, sino que también facilita las condiciones para que el Estado llegue sin las dificultades de la violencia a las zonas atrapadas en la marginalidad y las integre al desarrollo que se requiere para que el país sea más competitivo.

El escenario de posconflicto que vive Colombia abre la posibilidad de implementar nuevos modelos de desarrollo, más humanos y tangibles, menos mercantiles y politizados. Es así como se hace manifiesta la necesidad de poner en la agenda pública el enfoque de desarrollo endógeno, el cual busca potenciar las capacidades internas de una región para fortalecer su economía de adentro hacia afuera y garantizar que sea sustentable y sostenible en el tiempo. A través del desarrollo endógeno se le otorga poder a las comunidades para que estas desarrollen sus potenciales agrícolas, industriales y turísticos.

Conceptualmente, este modelo se ha enriquecido con los aportes del economista Amartya Sen, quien acuñó la teoría de las Capacidades Humanas y que enfatiza el bienestar individual, los acuerdos sociales y el diseño de políticas públicas en la sociedad. A nivel práctico el desarrollo endógeno aporta herramientas para el diseño y evaluación de políticas públicas, permitiendo marcos normativos para conceptualizar y evaluar problemas sociales como la pobreza y la desigualdad.

Colombia ocupa el tercer lugar de países más desiguales del mundo (superado apenas por Haití y Angola), y las cosas empeoran si se adopta el coeficiente de Gini, mediante el cual pasamos a ser el segundo país más desigual del continente, por detrás de Honduras. Las causas de este desafortunado galardón, advierten conocedores del tema como el economista francés Thomas Piketty, pueden encontrarse en el modelo industrial del país, basado en las inversiones extranjeras y liderado por grandes empresas, situación que favorece la alta concentración del ingreso y exacerba las brechas de la desigualdad. A propósito del tema, la Cepal ha reiterado que la lucha contra la pobreza es efectiva si se reduce la concentración del ingreso y de la riqueza, sobre todo si se tiene en cuenta que en Colombia el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso.

Otros fenómenos atribuibles a la desigualdad y la pobreza pueden entenderse en la desaceleración económica ocasionada por la caída de los precios del petróleo, sumado al aumento de la inflación y la reducción del gasto público, hechos que revelan la vulnerabilidad de las políticas públicas para suplir las necesidades de la población, y que al mismo tiempo, pueden generar visibilidad al enfoque de desarrollo endógeno, el cual pone de relieve el papel preponderante que deben jugar los sistemas productivos locales y que inexorablemente deben contar con la buena voluntad y apoyo institucional para focalizar las potencialidades del desarrollo local.

Un primer acercamiento con este enfoque de desarrollo se encuentra en el acuerdo general pactado entre el Gobierno y las Farc. La reforma rural contenida en el mismo, busca la erradicación de la pobreza y la reactivación del campo, preceptos afines a la economía solidaria. Esta última hace parte de un sistema socioeconómico, cultural y ambiental que involucra prácticas solidarias, participativas y humanistas para el desarrollo integral del ser humano como fin de la economía. Se involucran allí todas aquellas iniciativas asociativas, empresariales, económicas y financieras comprometidas con promover la igualdad, crear empleo y favorecer acciones, productos y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente.

La única certeza posible en un escenario de posconflicto es la necesidad de implementar un modelo económico que contribuya a la reducción de la pobreza y la desconcentración del ingreso para encarar los males heredados por la guerra, y que permita reflexionar sobre la realidad rural en Colombia, sobre los asuntos de la tierra, de la agricultura y de los habitantes del campo. El comienzo de un nuevo gobierno es motivo suficiente para pensar que otros enfoques de desarrollo son posibles en la trajinada ruta por lograr la paz y allí, la inclusión de las comunidades y de las víctimas debe convertirse en el insumo central para lograr tales propósitos.