La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Corjusticia, dejó ver su preocupación ante el anuncio que hizo la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de ordenar la compulsa de copias penales en contra de la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, Lilyan Jhoana Bastidas Huertas.

Como se sabe, la jueza Bastidas fue la funcionaria que firmó la libertad de varios jóvenes de la llamada ‘primera línea’, para que según, iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro entren a hacer parte del programa ‘gestores de paz’.

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De acuerdo con la Procuraduría, la jueza no puede ordenar órdenes de libertad basada en un decreto presidencial. Por ese motivo, Corjusticia a través del comunicado insiste que en ese orden es importante el respeto a las providencias judiciales y en el caso particular hace claridad que “Con la decisión adoptada por la coordinadora del centro de servicios referido, frente a la cual, el 28 y 29 de diciembre del 2022, tanto en medios de comunicación como a través de un comunicado dirigido al público en general, expuso los argumentos jurídicos que respaldan su decisión”.

De manera tajante, los jueces y magistrados agrupados en Corjusticia, expresan  que las decisiones judiciales cuentan con los mecanismos y recursos establecidos en la ley para su impugnación y corrección. Hacen hincapié que el comunicado que emitió la Procuraduría no respeta la autonomía judicial y vulnera su autonomía e independencia.

“El comunicado de la PGN hace mella en la autonomía e independencia judicial amparada por la ley, la constitución y los instrumentos internacionales sobre la materia, por su premura, tratándose de un asunto relativamente novedoso”, reza el comunicado de Corjusticia.

La Procuraduría en su momento presentó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura contra la jueza Bastidas, al considerar que al no citar a los funcionarios ni entregarles información sobre la diligencia, habría impedido que el ministerio público pudiera ejercer oportunamente su papel. “Tampoco se les compartió información para actuar en esos casos, y que la persona que firmó las órdenes de libertad, la Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, no tendría la competencia para otorgarlas”, fue lo que argumentó la Procuraduría. Ahora con este comunicado, Corjusticia pide respeto a la autonomía judicial.