La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) expresó su preocupación por la expedición del Decreto 0030 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional redujo el salario de los congresistas de la República, una medida que, según advierten, impacta de manera directa a la Rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación debido al efecto en cadena del régimen salarial y calificaron como un “ataque directo a la independencia judicial”.

A través de un comunicado a la opinión pública, la organización señaló que, aunque el decreto se sustenta en criterios de austeridad, en la práctica modifica el régimen salarial establecido en la Ley Cuarta de 1992, lo que generaría una reducción de ingresos para funcionarios judiciales y otros servidores públicos.

“La expedición del citado decreto, mediante el cual el Gobierno Nacional disminuyó la remuneración salarial de los congresistas de la República, también impacta el salario de los miembros de la Rama Judicial, de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación”, indicó Hermens Darío Lara Acuña, presidente de Corjusticia.

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Según el comunicado, esta decisión produciría un “efecto cascada” que afectaría los ingresos de los funcionarios judiciales y demás servidores públicos, desconociendo derechos salariales consolidados, el principio de no regresividad en materia laboral, así como la independencia y autonomía judicial.

La corporación advirtió que la reducción salarial tendría un impacto negativo en la calidad de vida de los funcionarios y sus familias, y que podría constituirse en un mecanismo de control indirecto sobre el poder judicial, lo que representaría un riesgo para la separación de poderes.

Corjusticia alertó, además, que esta situación podría derivar en un escenario de conflictividad institucional entre las ramas del poder público, por lo que instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas que eviten afectaciones al talento humano al servicio de la judicatura.

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Asimismo, hizo un llamado a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a las altas cortes, a los organismos de control, a los sindicatos y a los servidores públicos afectados para aunar esfuerzos en defensa de los derechos laborales.

Finalmente, anunciaron acciones de articulación con organizaciones nacionales e internacionales para enfrentar lo que considera un ataque directo a la autonomía judicial.