La Nueva EPS, la aseguradora en salud más grande del país, se encuentra en el centro de una seria advertencia fiscal: la Contraloría General de la República reveló que a corte del 30 de junio de 2025 mantiene $15,3 billones en anticipos sin legalizar.

Esta cifra equivale a recursos entregados por adelantado a hospitales y clínicas, pero que aún no han sido respaldados con la documentación que certifique la prestación de los servicios.

Qué es un anticipo y porque generan alarma

En términos simples, un anticipo pendiente de legalizar es dinero que la EPS gira a un prestador antes de que este atienda efectivamente a los pacientes. Hasta que no se presenten facturas y se realicen las auditorías correspondientes, ese pago sigue siendo un anticipo y no un gasto comprobado.

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Los anticipos sin legalizar abren la puerta a un posible detrimento patrimonial, pues implica que el sistema de salud no tiene certeza de que los recursos fueron usados correctamente en la atención de los afiliados.

Informe de Contraloría

La Contraloría señaló que la Nueva EPS incurrió en incumplimientos al Decreto 441 de 2022, norma que prohíbe giros anticipados en la modalidad de “pago por evento”. No obstante, la entidad continuó entregando recursos de esta manera entre 2022 y 2025. A ello se suma la falta de auditoría a 13,7 millones de facturas por $13,2 billones, lo que agrava el riesgo de pagos indebidos y la pérdida de dinero público.

El organismo de control también advirtió sobre irregularidades graves en la contratación: ausencia de notas técnicas, soportes documentales incompletos, falta de definición de modalidades de pago y de identificación de la población objetivo. Estas prácticas, según el informe, fomentan la opacidad contractual y abren la puerta a riesgos de doble pago, sobreutilización de servicios y desvío de recursos.

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Incluso, la Contraloría resaltó que, de haberse legalizado oportunamente los anticipos, se habrían podido recuperar recursos no ejecutados por las IPS y reintegrarlos al sistema de salud. Adicionalmente, encontró inconsistencias entre los datos oficiales (como los de la ADRES) y los reportados por la Nueva EPS, lo que pone en entredicho la transparencia de su información financiera.

Ante este panorama, el ente de control anunció que continuará con las acciones de vigilancia, adelantará procesos para determinar posibles daños fiscales y responsabilidades, y no descarta recurrir nuevamente a sus facultades de policía judicial para exigir información completa sobre el uso de los recursos públicos destinados a la salud.

*Realizada con información de la oficina de prensa de la Contraloría general de la Nación