Después de un nuevo análisis del caso por conflicto de intereses realizado por la Procuraduría Provincial de Ibagué, se llegó a la decisión de confirmar la sanción que había sido impuesta en 2019 contra el entonces director de Justicia de la Alcaldía, Daniel Soto.

La sanción consiste en destitución e inhabilidad por 10 años

Este proceso se falló en primera instancia,  decisión que fue apelada por la defensa de Daniel Soto Mejía. Ya en segunda instancia, la Procuraduría Regional anuló el proceso y fue revisado desde el principio, para  confirmar la sanción.

El Ministerio Público demostró que Daniel Soto actuó como supervisor de los contratos 0463 del 19 de enero de 2018 y 2171 del 21 de septiembre de 2018, por más de $17 millones de pesos, para la prestación de servicios de apoyo a la gestión, celebrados entre la Alcaldía y Juan Pablo Carvajal Soto, con quien tiene parentesco en cuarto grado de consanguinidad.

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En una revisión, la Procuraduría comprobó que  Daniel Soto Mejía y Juan Pablo Carvajal Soto son primos. Así las cosas, con esta relación de parentesco, el funcionario Soto Mejía se debió declarar impedido, pues existía un evidente conflicto de intereses.

La conducta de Soto Mejía como falta gravísima, a título de culpa gravísima, por violación a los artículos 40 y 48, numeral 17, de la Ley 734 de 2002, que señalan que todo servidor público debe declararse impedido para actuar en un asunto cuando  tenga interés particular, o directo en su regulación, o la tuviera su cónyuge o alguno de sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Como se trata de un proceso nuevo, procede el recurso de apelación.