Las autoridades descubrieron a una pareja que producía medicamentos y suplementos alimenticios en una vivienda de Neiva, sin ningún tipo de medidas de salubridad y con insumos de pésima calidad.

Hasta la vivienda de Neiva llegaron uniformados del CTI de la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional, para capturar en un operativo de allanamiento a Hilver Franco Montero y la ciudadana ecuatoriana Alba Esperanza Benavides Rocero, quienes serían los responsables de la alteración y comercialización de los productos.

"De acuerdo con la investigación, la pareja presuntamente elaboraba los suplementos y demás artículos con medicamentos inyectables y de consumo oral vencidos, harinas e insumos sobre los cuales no hay claridad ni análisis de sus efectos en la salud humana, y sustancias que no contaban con los registros sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)", informó la Fiscalía.}

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En los procedimientos fueron incautadas 39 cajas con 3.978 frascos de diferentes gramajes y marcas con sus respectivos rótulos y etiquetas de seguridad, 37 bultos de lactosa, 35 cajas con frascos de vidrio, tapones de caucho, además de tapas plásticas y metálicas.

Asimismo, se encontraron máquinas y otros elementos utilizados para la preparación de los suplementos, y facturas que relacionaban las ventas realizadas.

Los productos eran embalados, rotulados y almacenados en precarias condiciones. Posteriormente, ofertados por plataformas digitales, comercializados y distribuidos sin licencias sanitarias a dispensarios, droguerías y centros de rendimiento físico ubicados en Ibagué (Tolima), Neiva (Huila), Cartagena (Bolívar), Bucaramanga (Santander), Villavicencio (Meta), Popayán (Cauca), Cereté (Córdoba) y distintas ciudades de Ecuador.

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Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Huila imputó a Franco Montero y Benavides Rocero el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico agravado. Cargos que ninguno aceptó.

El juez de control de garantías impuso a los procesados medida de aseguramiento en centro carcelario y, por petición de la Fiscalía, ordenó la suspensión del poder dispositivo de dominio con fines de comiso sobre uno de los inmuebles utilizados para la actividad ilegal.