Un despacho local adscrito al grupo de Estructura de Apoyo de la Fiscalía Seccional Tolima, logró que le fuera impuesta medida de aseguramiento domiciliaria a una mujer que, al parecer, se habría concertado con otras personas para estafar con falsos remates.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscrito a la misma unidad, detuvo a Delix Adriana Sierra Andrade en Ibagué, debido a que pesaba en su contra una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir en concurso con estafa agravada.

La mujer estaría al servicio de la organización delincuencial El Cartel de Los Remates, que a través de esta modalidad se habría apoderado de manera ilegal de unos 600 millones de pesos de sus víctimas.

La delegada fiscal, a través de actividades investigativas coordinadas con su policía judicial (CTI), pudo establecer la existencia de una estructura delictiva integrada por varias personas quienes, entre octubre de 2012 y 2014, habrían delinquido en Ibagué, Cúcuta, Pamplona (Note de Santander) y Bucaramanga (Santander).

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El grupo, se presume, está a cargo de una mujer conocida como La doctora. Entretanto, la hoy asegurada sería la encargada de recibir en algunos casos el dinero que bajo engaño entregaban las víctimas.

El grupo tendría como modus operandi ofrecer derechos litigiosos de inmuebles que no eran reales, engañando a las víctimas y ganándose su confianza al hacerles creer que eran profesionales del derecho o que laboraban en entidades públicas como alcaldías o juzgados.

Les aseguraban tener acceso a procesos ejecutivos en los cuales se había ordenado el remate de inmuebles y que dicha actividad era desarrollada con el apoyo de varias personas que laboraban en entidades públicas, pero, según ellos, era un negocio bajo cuerda y reservado.

El tentador negocio consistía en una supuesta subasta. Se manejaba aparentemente un listado de predios a rematar y una vez el interesado entregaba el valor solicitado por la organización podía o elegir un inmueble o se le adjudicaba uno de manera directa. Los predios tenían un costo entre los 10 y los 45 millones de pesos.

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También les hacían creer que por la inversión la víctima podía obtener el doble de lo invertido una vez se vendiera el inmueble.

En el caso de la hoy asegurada, el ente acusador le imputó su participación en cuatro casos ocurridos entre el 2012 y el 2013 y durante los cuales el monto de la defraudación ascendió a 127 millones de pesos.

La mujer permanecerá detenida hasta que se resuelva su situación jurídica.