Las investigaciones de la Fiscalía contra presunta red de corrupción que se habría apropiado de recursos de alcaldías y entidades del orden nacional y que tiene preso al senador de Caldas Mario Castaño, han permitido identificar posibles irregularidades en 47 contratos que, en valor, superan los 46.305 millones de pesos.

En el caso de la Alcaldía de Armero Guayabal, se habrían puesto en riesgo 1.250 millones de pesos, que correspondían a un contrato para una obra de infraestructura y movilidad que adecuaba espacios de esparcimiento, convivencia y la cultura en el municipio.

En este caso, el alcalde de Armero-Guayabal, Medardo Ortega Fonseca y la contratista Ruth Piedad Echavarría fueron imputados por delitos como cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Tanto el Alcalde Ortega como la contratista Echavarría, no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La Fiscalía General de la Nación puso en marcha una nueva fase investigativa contra una presunta red de corrupción que sería la responsable de la apropiación de parte de los dineros girados a los municipios para cubrir diferentes proyectos de infraestructura o garantizar el suministro de bienes y servicios para la ciudadanía.

De acuerdo con el material de prueba, un senador electo de la República, (Mario Castaño de Caldas) a través de algunos de sus presuntos colaboradores, lograba que entidades del orden nacional asignaran recursos a las regiones. A cambio, las administraciones municipales al parecer, beneficiaban y direccionaban la contratación a unos aspirantes específicos, quienes pagaban dádivas que presuntamente eran distribuidas entre los partícipes del entramado criminal.

En esta oportunidad, la Dirección Especializada contra la Corrupción logró la captura y judicialización de 21 personas (7 alcaldes municipales, 2 secretarios de planeación municipal, 2 funcionarios de despacho y 10 contratistas), señalados de distintas irregularidades en 47 contratos, cuyo valor total ascendería a 46.305 millones de pesos.   13 de los 21 capturados aceptaran cargos, entre ellos, los alcaldes de Piendamó y Suárez (Cauca), La Merced y Villamaría (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). Estos últimos presentaron renuncia a sus cargos.  Los casos detectados ocurrieron en Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Tolima.

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La Dirección Especializada contra la Corrupción, en un trabajo articulado con el CTI, ha logrado la captura y judicialización de 33 personas que estarían involucradas en la red corrupción. Hasta el momento se han verificado 114 contratos, que superan en monto los 112 mil millones de pesos. La Fiscalía anuncia que las actividades investigativas continúan.