La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha una Red de Vigilancia Comunitaria compuesta por 73 vigías contratados y carnetizados en municipios priorizados; la estrategia, activa desde este año, busca detectar tempranamente riesgos asociados a la fiebre amarilla, facilitar la vacunación extramural y acortar los tiempos de respuesta sanitaria en las veredas.

Los vigías son líderes locales —presidentes de Juntas de Acción Comunal, madres comunitarias y referentes sociales— que, además de residir en sus veredas, recorren zonas aledañas para apoyar a equipos extramurales: epidemiólogos, vacunadores y entomólogos. Están identificados con un carné oficial y formados en protocolos de reconocimiento de síntomas y rutas de notificación inmediata del Sivigila.

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Fair Alarcón, médico epidemiológico y coordinador del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública del Tolima (Sivigila), explicó que la contratación y capacitación de estos líderes responde a una lógica preventiva: “El vigía conoce su territorio y su gente; su alerta temprana reduce la latencia entre la aparición de un riesgo y la intervención del sistema de salud”, señaló. Por eso la red no se limita a los municipios con casos activos; también incluye zonas sin brotes como medida de vigilancia sostenida.

La articulación con las alcaldías permitió desplegar cursos locales y formalizar la Red de Vigilancia Comunitaria, que funciona con comunicación directa hacia la Secretaría de Salud departamental. Cualquier ciudadano con voluntad de servir puede integrarse como vigía voluntario tras la formación requerida, lo que facilita la multiplicación del programa y su sostenibilidad comunitaria.

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En terreno, los vigías apoyan la logística de vacunación, guían a los equipos en acceso a veredas de difícil cobertura y reportan variables ambientales y de fauna —como avistamiento de primates— que pueden anticipar patrones de riesgo. Su trabajo facilita además la identificación de focos y la aplicación oportuna de medidas de control vectorial.

El objetivo para 2026 es ampliar la red y replicar el modelo para otros eventos de interés en salud pública, consolidando una vigilancia territorial permanente que permita anticipar y mitigar riesgos antes de que se traduzcan en emergencias sanitarias.