En el marco de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, el ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes anunció la inclusión de las ruinas de la antigua ciudad en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional (LICBIC), paso clave para su futura declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación. El expediente será presentado el 27 de noviembre ante el Consejo Nacional de Patrimonio para la emisión de su concepto favorable.

Durante el acto, la ministra Yannai Kadamani dijo que el avance es resultado de un año de trabajo en la construcción del expediente técnico y el Plan Especial de Manejo y Protección, con una inversión cercana a 2.000 millones de pesos. Señaló que este proceso representa un compromiso con la memoria, la protección del territorio y la no repetición, recordando que la tragedia dejó más de 20.000 víctimas.

En editorial reciente El Cronista.co en uno de sus apartes destacaba que “Las ruinas de Armero son un tesoro histórico, exactamente igual a lo que hoy representan las ruinas de Pompeya, por poner un ejemplo”. Agregaba que “A estas alturas, 40 años después, las ruinas de Armero hace tiempos deberían haber sido reconocidas como Bien de Interés Cultural y asociadas a la figura de Patrimonio Cultural de la Nación”.

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El Gobierno ha destinado 1.323 millones de pesos entre 2024 y 2025 para estudios técnicos, identificación, investigación, análisis y diagnóstico del patrimonio cultural de Armero, así como para desarrollar estrategias de protección y gestión. Este esfuerzo se considera un avance en la deuda histórica del Estado con las víctimas y sus familias, y reafirma el valor material y simbólico del territorio.

La ley 1632 de 2013 ya había establecido la conservación, restauración y protección de las ruinas, mientras que el Documento CONPES 3849 de 2015 definió las estrategias para rendir honores a la desaparecida ciudad y a sus habitantes, incluida la emblemática figura de Omaira Sánchez, convertida en un símbolo de la tragedia.

El proceso de declaratoria avanza en dos fases: la elaboración del expediente, a cargo de la Unión Temporal Armero BIC mediante el Contrato de Consultoría 4088-2024 con una inversión de 635 millones de pesos; y la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), actualmente en desarrollo por la Universidad del Valle bajo el Convenio Interadministrativo 1600-2025, con una inversión de 688 millones. Paralelamente, se impulsan procesos de apropiación social con Vigías del Patrimonio Cultural y semilleros comunitarios.

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Durante el evento el ICBF entregó al Archivo General de la Nación el ‘Libro Rojo’, documento que registra la atención brindada a niñas, niños y adolescentes afectados tras la avalancha del 13 de noviembre de 1985. Este archivo fue destacado como un aporte fundamental a la memoria histórica del país y como patrimonio documental que el AGN se comprometió a preservar y difundir.

*Con información de MinCulturas