El Gobierno colombiano dio un giro radical a su política migratoria tras ordenar el inicio inmediato de operativos de control para deportar a los extranjeros en condición de irregularidad. Durante un consejo de seguridad celebrado en Barranquilla, Abelardo de la Espriella, instruyó la coordinación directa entre la Policía Nacional y Migración Colombia para ubicar y expulsar del país, en el transcurso de la semana, tanto a personas implicadas en actos delictivos como a quienes no tengan sus documentos al día, marcando un quiebre definitivo con la histórica línea de recepción que mantuvo la nación durante la última década.

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La medida administrativa impacta de forma directa a la mayor comunidad de migrantes asentada en el territorio nacional, compuesta predominantemente por más de 2,8 millones de venezolanos. Según las cifras oficiales más recientes del organismo migratorio, cerca de 848.000 personas de ese grupo permanecen sin un estatus regularizado, entre las que figuran alrededor de 193.000 niños, niñas y adolescentes. Pese a que el anuncio no aludió explícitamente a una nacionalidad específica, la magnitud de estas cifras convierte a este sector en el principal blanco de las batidas policiales.

La nueva postura estatal ha encendido las alarmas entre analistas, académicos e investigadores en materia de movilidad humana. Expertos advierten que este enfoque rompe con los instrumentos de regularización que convirtieron al país en un referente regional de integración. Asimismo, recalcan la gravedad de asociar la irregularidad administrativa con la delincuencia criminal, toda vez que se corre el riesgo de estigmatizar y criminalizar a una población vulnerable que ha escapado de una severa crisis socioeconómica.

Desde la oposición política se levantaron voces de fuerte rechazo contra lo que catalogaron como una estrategia punitiva y desprovista de rigor técnico. Integrantes de la bancada del Pacto Histórico tildaron la orden de represiva y contraria a los derechos humanos, argumentando que vincular la falta de visado o permiso con índices delictivos promueve discursos de odio y persecución social. Para varios sectores legislativos, la iniciativa busca instrumentalizar la figura del migrante como chivo expiatorio para canalizar el malestar ciudadano frente al deterioro del orden público.

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Esta nueva directriz alinea la agenda de seguridad de la Casa de Nariño con tendencias de derecha radical presentes en otros países del continente e impulsadas desde la administración Trump. No obstante, especialistas recuerdan que la dinámica fronteriza del país —con más de 2.200 kilómetros de límite territorial con Venezuela— demanda soluciones estructurales e integrales en lugar de medidas punitivas uniformes, advirtiendo que la persecución administrativa podría derivar en mayores tensiones sociales y en un aumento desmedido de la xenofobia en el territorio nacional.