Múltiples reacciones ha generado el contrato por $14.550 millones que adjudicó la Alcaldía de Ibagué para la nueva actualización catastral de 140.000 predios, a los que les podrían aumentar el costo del impuesto predial.

Si bien la secretaria de Planeación de Ibagué, Daniela Cabrera, sostuvo que la norma ordena realizar la actualización catastral por lo menos cada cinco años, el concejal Jorge Bolívar advirtió que los resultados del procedo podrían afectar considerablemente a las clases populares.

"La verdad es que esto es incrementar el costo de los bienes para que 'Juan Pueblo' pague más predial. *¿Para qué le meten la mano al bolsillo a los ibaguereños? Para pagar favores políticos. Le van a sacar plata a los que menos tienen, carajo"*, aseveró el concejal del Partido Conservador.

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Según el cabildante conservador, Ibagué cuenta con un presupuesto anual que alcanza los $1,5 billones, por lo que desestimó que la problemática de la ciudad radique en la falta de recursos económicos. Por el contrario, apuntó a la destinación y gestión de los recursos que, desde su punto de vista, podrían usarse mejor.

*"El problema de Ibagué no es falta de plata: hubo superávit en 2024*. Pero, tras año y medio, no vemos obras transformadoras. El puente de la 60 con carrera Quinta, con más de $10.000 millones perdidos", acotó.

Bolívar, a su vez, intentó desmentir las promesas para la zona rural: "Decir que ayudará a quienes no tienen escrituras es falso. Muchos no pueden dividir sus predios por tamaño. ¿Cómo darán escrituras individuales? Es una mentira", esgrimió.

Por último, el concejal pidió que la administración de la alcaldesa Johana Aranda denuncie la negligencia de su antecesor, el exalcalde Andrés Hurtado, quien debió iniciar la actualización catastral desde el año 2023.

"¿Dónde están los oficios de esta administración para que sancionen a la anterior por omitir en el año 2023 la actualización catastral? Es una omisión no denunciar faltas penales o disciplinarias. *En lo público se debe responder por acción o por omisión*", remarcó.

Sin embargo, la secretaria Cabrera insistió en que la actualización catastral debe hacerse, toda vez que en el sector rural no se hace desde 2012 y en el urbano desde 2018.