Este miércoles 11 de junio la Corte Suprema de Justicia retomó el juicio en contra del exgobernador del Tolima y actual senador, Óscar Barreto Quiroga, por el sonado caso del convenio celebrado con la Empresa Generadora de Energía del Tolima (Egetsa) durante su primer periodo como mandatario seccional (2008 – 2011).

Para el miércoles 11 y el jueves 12 de junio, la Sala Especial de Primera Instancia programó audiencias en el caso de Barreto después de dos años.

Desde octubre de 2021, la Fiscalía General de la Nación le imputó a Barreto los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, el proceso se mantuvo en suspenso desde 2022.

Ahora, se reanudaron las audiencias con la exposición de las pruebas y los testimonios con los que la Fiscalía espera demostrar la culpabilidad de Barreto. A la audiencia virtual de este miércoles, que presidió la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, acudió durante todo el día el hoy senador Barreto.

En total, la Fiscalía enunció 91 documentos y presentó a los tres primeros testigos que expondrá para intentar demostrar la responsabilidad del exgobernador en las presuntas irregularidades advertidas en la ejecución del polémico convenio.

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La historia del caso

El caso tiene que ver con el convenio interadministrativo 758 de 2008 celebrado entre la Gobernación del Tolima y Egetsa, el cual tenía por objeto intervenir y mejorar los sistemas de acueducto de varios municipios.

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Para la ejecución del convenio, según la Fiscalía, Egetsa subcontrató las obras sin abrir procesos de licitación pública para elegir a los contratistas. Es decir, los eligió a dedo, lo que al parecer vulneró los principios de la contratación pública.

Asimismo, Egetsa les habría dado un manejo irregular a las inversiones por $5.400 millones, toda vez que también permitió la ejecución de obras sin estudios previos, análisis de precios ni soportes técnicos.

Todo esto habría ocurrido sin la vigilancia y el control necesarios por parte del entonces gobernador, Óscar Barreto. En este proceso, la tesis de la Fiscalía apunta a que Barreto habría utilizado a Egetsa, una empresa pública del departamento, para favorecer a terceros, sin importarle los perjuicios causados por las fallidas obras.

“No hubo cooperación sino contraprestación. La actividad contractual se encareció por reconocer y pagar una intermediación para la realización de obras que debió contratar a través de licitación, generando con ello un detrimento al patrimonio del departamento por $1.444 millones”, señaló la Fiscalía.

Uno de los cuatro contratos, por cerca de $1.500 millones, fue el que le entregó Egetsa a Diego Fernando Rodríguez Chavarro, para adecuar la planta de tratamiento y la línea de conducción del acueducto de Fresno, norte del Tolima. Rodríguez Chavarro, según reveló la Fiscalía, había aportado $24.500.000 a la campaña que llevó a Barreto a la Gobernación.

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“A través de Egetsa entregó recursos públicos a Rodríguez Chavarro, como aportante económico de su campaña electoral a la Gobernación del Tolima: acto constitutivo de un verdadero desvío de poder”, aseveró el ente acusador.

Al parecer, la administración del exgobernador Barreto prefirió celebrar los cuatro contratos a través de Egetsa, en lugar de la Secretaría de Infraestructura, para evadir los procesos de licitación y poder entregarlos a dedo. 

El juicio oral continuará con la audiencia prevista para el jueves 12 de junio, desde las 2:00 de la tarde. Se espera que la Fiscalía presente a Diego Fernando Rodríguez Chavarro como uno de los principales testigos del caso.