Con la entrada en vigor de la Ley 2454 de 2025 (Ley Lorenzo), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió una resolución que redefine las condiciones laborales de los perros utilizados en la seguridad privada. La medida busca asegurar estándares mínimos de bienestar animal en todas las compañías que emplean binomios caninos.

La nueva norma fija límites estrictos de jornada: los perros entrenados para detección de narcóticos o explosivos solo podrán trabajar hasta 6 horas diarias, mientras que los asignados a defensa controlada o acompañamiento tendrán un máximo de 8 horas. La intención es evitar sobrecarga y garantizar que los animales estén en óptimo estado físico y mental.

Además, las empresas deberán cumplir rigurosos requisitos de salud, descanso y seguimiento veterinario. “Son animales sintientes, y es necesario garantizar el bienestar y las condiciones en las que estos animalitos nos ayudan a prestar el servicio”, afirmó el superintendente Larry Álvarez a Blu Radio. La entidad ha identificado casos en que los perros trabajaban jornadas excesivas, sin descanso ni control sanitario.

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Para demostrar el cumplimiento, las compañías deberán presentar certificaciones anuales sobre salud, entrenamiento y aptitud operativa de cada canino. También será obligatorio contar con pólizas de responsabilidad civil, convenios con clínicas veterinarias 24/7 y protocolos de bioseguridad que cubran control sanitario, alimentación y transporte.

Las condiciones también incluyen mejorar la infraestructura: se exige que cada perro tenga espacios cómodos para descanso, caniles seguros y áreas controladas para realizar actividades de esparcimiento semanal. Estas medidas buscan evitar prácticas que puedan causar lesiones, estrés o deterioro físico.

En cuanto a manejo, la normativa prohíbe bozales restrictivos que impidan jadear, beber, bostezar o respirar libremente. Tampoco se permitirá que perros enfermos presten servicio o permanezcan en los puestos de trabajo, una práctica reportada en años anteriores.

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Otra obligación es la instalación y buen funcionamiento de cámaras de videovigilancia en todos los puestos donde se utilicen caninos, con el fin de verificar condiciones laborales y trato adecuado. Así se facilita la inspección y se previenen abusos.

La Ley Lorenzo nace como respuesta a denuncias sobre maltrato y jornadas inhumanas a perros de seguridad. Antes no existía regulación clara, lo que permitió abusos que incluso derivaron en muertes de animales. Con esta nueva reglamentación, las empresas de vigilancia tendrán la responsabilidad directa de garantizar bienestar, protección y respeto a los caninos que apoyan su operación.