Por Felipe Ferro

*Diputado Asamblea Departamental del Tolima. Centro Democrático

El país volvió a respirar y sentir libertad. El pasado martes el Tribunal Superior de Bogotá, al fallar una tutela a favor del presidente Álvaro Uribe Vélez, ordenó su libertad inmediata y con ello desmontó la arbitrariedad de una decisión judicial que lo había confinado a doce años de detención domiciliaria.

La noticia no solo agitó las calles, que se llenaron de alegría y banderas, sino que también devolvió a millones de colombianos la esperanza de que la justicia, tarde, pero segura, aún puede corregir sus errores.

No se trata aún de un pronunciamiento de inocencia —ese corresponde a la segunda instancia que deberá resolver el Tribunal—, pero sí de un paso trascendental que deja en evidencia lo que siempre se denunció: la jueza Sandra Liliana Heredia se extralimitó, actuó sin imparcialidad y privó de la libertad al gran colombiano sin los soportes jurídicos mínimos que exige el debido proceso. Así lo señaló el magistrado Leonel Rogeles Moreno, al afirmar que los argumentos de la falladora eran “vagos, indeterminados e imprecisos”. Una sentencia tan grave no puede basarse en criterios subjetivos, genéricos o abstractos. La libertad es sagrada, y lo que se hizo con Álvaro Uribe fue una afrenta a ese principio.

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El fallo del Tribunal Superior de Bogotá es contundente: la jueza no valoró circunstancias que eran evidentes. Ignoró que el presidente Uribe se presentó voluntariamente a cada citación, que no tiene antecedentes penales, que nunca incumplió compromisos procesales y que no representaba riesgo de fuga ni de reincidencia. Al desconocer estas garantías, terminó motivando su decisión más en prejuicios que en pruebas. Esa extralimitación no fue solo contra un ciudadano, fue contra la confianza en la justicia, que debería ser el refugio y no el verdugo de la democracia.

Los colombianos lo saben. Por eso hoy celebran. Porque, aunque el Tribunal aún deba pronunciarse en segunda instancia sobre el fondo del proceso, el mensaje es claro: el presidente Uribe no puede ser tratado como culpable cuando no hay pruebas sólidas que lo sustenten. La tutela ratifica lo que muchos intuían: no hubo imparcialidad, y la condena que lo privó de la libertad fue un acto de persecución y no de justicia.

Álvaro Uribe, fiel a su talante, no respondió con odio. En cambio, llamó a la unión de los colombianos, recordando que “cada minuto lo dedicaré a luchar” y que esta lucha debe ser amable, democrática y abierta para todos. Su voz no es la de un hombre vencido, sino la de un líder que resurge fortalecido por la injusticia que padeció.

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Hoy, millones de colombianos tienen la certeza de su inocencia. El fallo de tutela no solo libera a un gran hombre, sino que libera también la esperanza de un país que no se rinde ante la arbitrariedad. Porque el presiente Uribe representa la resistencia, la fe en la democracia y la lucha contra el odio judicializado. Hoy celebramos, con fuerza y con orgullo: ¡Viva Colombia, viva Uribe!