Las obras del Parque Centenario continúan generando cuestionamientos por su ejecución, la calidad de los trabajos, los presuntos sobrecostos y otras inconsistencias denunciadas por organizaciones ciudadanas.

La Veeduría VAPI radicó un derecho de petición dirigido a la contralora municipal de Ibagué, Francy Johanna Ardila Salazar, en el que solicita una actuación inmediata frente a las presuntas irregularidades del Contrato No. 2166 del 1 de julio de 2025, correspondiente a la adecuación y el mejoramiento del urbanismo del Parque Centenario.

• Puede leer: Se refuerzan las medidas de seguridad y vigilancia en el Parque Centenario

En el documento, la veeduría advierte sobre presuntas anomalías en la ejecución del contrato, entre ellas deficiencias técnicas en las obras, cuestionamientos sobre la calidad de los trabajos, posibles sobrecostos, falta de planeación, presuntos pagos por actividades deficientemente ejecutadas y la recepción de la obra pese a las inconsistencias advertidas por la ciudadanía.

La organización sostiene que, aunque estas denuncias han sido puestas en conocimiento de diferentes organismos de control, la ciudadanía no conoce actuaciones concretas por parte de la Contraloría Municipal, como auditorías especiales, hallazgos fiscales, procesos de responsabilidad fiscal o pronunciamientos públicos relacionados con el caso.

• Además: Inspección segunda de Policía aclara cerramiento en la parte alta del Parque

Asimismo, afirma que ese "silencio institucional" genera preocupación entre la ciudadanía y solicita que la Contraloría ejerza un control fiscal independiente para proteger los recursos públicos.

“Mientras en diferentes espacios públicos y medios de comunicación circulan publicaciones relacionadas con la cercanía entre altos funcionarios de la administración municipal y la Contralora, la comunidad observa con inquietud que frente a las denuncias por posibles detrimentos al patrimonio público no exista una respuesta proporcional, oportuna y contundente”, señala la comunicación.

Entre las solicitudes elevadas al organismo de control, la veeduría pide informar qué actuaciones ha adelantado frente al contrato, si ha recibido información de la Contraloría General de la República, si ha practicado auditorías o visitas técnicas, si existen hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios o penales, si se ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal y, en caso de no haber realizado ninguna actuación, explicar las razones. También solicita informar si actualmente existe alguna investigación o proceso de vigilancia fiscal relacionado con el contrato y cuál es su estado.