Por Felipe Ferro

*Diputado Asamblea del Tolima

El pasado 21 de junio, el presidente Gustavo Petro protagonizó uno de los actos más graves y vergonzosos de su gobierno: compartió tarima en Medellín con algunos de los criminales más peligrosos de la historia reciente de la ciudad.

En el marco del evento denominado “Paz Urbana”, cabecillas de bandas como alias Douglas, alias Tom, alias Lindolfo y alias Carlos Pesebre fueron trasladados desde sus cárceles para figurar en el acto presidencial, mientras las víctimas de sus delitos eran nuevamente revictimizadas.

Se trató de delincuentes condenados por secuestro, concierto para delinquir, homicidios, reclutamiento de menores, trata de personas y narcotráfico. Varios de ellos habían sido capturados durante las pasadas administraciones, y hoy, con el aval del presidente, se les da trato de actores políticos, sin que exista un solo marco legal que lo justifique. Es decir, el gobierno está negociando con estructuras criminales sin respaldo jurídico alguno, violando el Estado de Derecho y poniendo en jaque a la institucionalidad.

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Petro no sólo ignoró a las víctimas, sino que las humilló públicamente al darle protagonismo a sus verdugos. Lo hizo además en una ciudad como Medellín, que ha sido golpeada históricamente por la violencia urbana, y que ha luchado durante décadas por superar el dominio de estas estructuras mafiosas. El mensaje es inaceptable: el crimen paga, y el Estado, lejos de combatirlo, lo exalta.

El argumento del gobierno se centra en una supuesta “reducción de homicidios” en la ciudad como resultado de esta política. Sin embargo, los datos oficiales no respaldan ese discurso. En lo corrido de 2025, Medellín ha registrado al menos 144 homicidios, la mayoría vinculados a enfrentamientos entre bandas.

Tampoco hay una ruta jurídica clara. La llamada “paz urbana” no está reglamentada por ninguna ley. No existe un marco legal que permita negociar con estructuras del crimen organizado urbano como si fueran actores políticos armados. La Ley 418, que ha servido como base para diálogos con guerrillas, no aplica en estos casos. Lo que está haciendo el gobierno es crear un proceso paralelo, informal e ilegal, poniendo en entredicho el principio de legalidad que debe regir todas las actuaciones del Ejecutivo.

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El daño a la legitimidad de las Fuerzas Armadas también es profundo. ¿Qué incentivo tiene hoy un policía o un soldado para capturar a un cabecilla criminal si sabe que mañana el presidente lo recibirá en una tarima con honores? El Estado pierde autoridad, y la criminalidad gana estatus político sin haber dejado de delinquir, entregado las armas ni reparado a sus víctimas.

Gustavo Petro ha convertido la lucha contra el crimen en un escenario de populismo y cálculo político. El evento de Medellín no fue un acto de paz, fue un acto de impunidad. La democracia no puede normalizar la presencia de criminales en actos de gobierno. Colombia no puede aceptar que se negocie con asesinos sin ley, sin justicia y sin verdad. Lo ocurrido el 21 de junio es un precedente peligroso que atenta contra el corazón del orden constitucional. Y frente a eso, hay que alzar la voz de rechazo e indignación.