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SIC abre investigación formal contra Flamingo
Flamingo investigado por presuntamente cobrar intereses por encima de la tasa legal
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, inició una investigación formal contra Almacenes Flamingo para determinar si la compañía incurrió en prácticas que afectaron los derechos de los consumidores en la venta de productos con financiación.
La decisión se produce después de analizar requerimientos de información enviados a la empresa, en los que se evidenciaron posibles cobros de intereses superiores al límite permitido por la legislación colombiana, así como la omisión de información mínima obligatoria en los contratos de crédito.
Según la SIC, las operaciones de financiación realizadas entre noviembre de 2022 y enero de 2024 habrían superado la tasa máxima legal vigente. Además, en contratos de compra financiada suscritos entre enero y noviembre de 2024, Flamingo no habría incluido datos esenciales para que los consumidores pudieran tomar decisiones informadas, como la tasa de interés y la tasa legal aplicable en el momento de la firma.
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Este anuncio llega en un momento crítico para la cadena, que enfrenta procesos judiciales, embargos en curso y un procedimiento de insolvencia abierto en la Superintendencia de Sociedades desde octubre de 2024. La empresa se encuentra bajo vigilancia especial debido a pérdidas operacionales consecutivas, reducción en ventas y deterioro patrimonial.
De comprobarse las irregularidades, Flamingo podría enfrentarse a sanciones que incluyen multas de hasta 2.000 salarios mínimos, cierre temporal de establecimientos hasta por 180 días o la prohibición temporal o definitiva de ofrecer productos al público.
La SIC precisó que el procedimiento sancionatorio se adelantará bajo los términos de la Ley 1437 de 2011, lo que contempla descargos, pruebas, alegatos y una decisión final. En caso de que se imponga una sanción, la empresa podrá interponer recursos de reposición y apelación.
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Mientras tanto, la Superintendencia reiteró que ni la superintendente ni la delegada de Investigaciones pueden pronunciarse públicamente sobre este proceso, para evitar eventuales recusaciones.
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