El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué sancionó al vicerrector de Desarrollo Humano de la Universidad del Tolima, Diego Alberto Polo Paredes, por desacatar las órdenes del Tribunal Superior de Ibagué, que en julio pasado ordenó reabrir, con enfoque de género, la denuncia presentada por la docente Inés Yohanna Pinzón Morales contra el rector Omar Mejía Patiño por violencia laboral basada en género.

El caso de violencia laboral basada en género

Todo comenzó en enero de 2025, cuando la profesora Pinzón interpuso formalmente la denuncia ante la Unidad de Género de la universidad, quienes durante tres meses no ejecutaron acciones efectivas. El 28 de abril la unidad, en cabeza de Diego Polo Paredes, se declaró impedida para juzgar al rector y sus directivos por conflicto de intereses, debido a que la dependencia fue creada bajo la administración del mismo rector denunciado, y remitió el expediente a la Procuraduría Regional del Tolima.

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Sin embargo, este argumento no es relevante, ya que el Estatuto General de la Universidad del Tolima establece que el rector debe cumplir las normas y expedir los actos administrativos necesarios para los fines institucionales; por tanto, la creación de la Unidad de Género fue parte de ese deber y la universidad, como institución, está por encima de quienes la administran. Finalmente, la universidad se vio obligada a reabrir el caso y el 6 de junio  aseguró que el caso no configuraba violencia de género.

La docente Pinzón presentó una acción de tutela el 11 de junio, alegando que la universidad omitió garantizarle protección y aplicar el enfoque de género en su conclusión del caso. El Tribunal Superior de Ibagué, mediante fallo del 30 de julio, revocó la decisión inicial y ordenó a la institución reabrir el trámite, permitirle participar en el proceso, valorar sus pruebas y adoptar medidas integrales de protección.

No obstante, tras la orden judicial, la Universidad del Tolima reabrió el caso solo de manera formal y lo volvió a archivar semanas después, con una decisión que presuntamente  favoreció al rector Omar Mejía. Frente a esta situación, la docente promovió un incidente de desacato, denunciando que las órdenes del Tribunal no se habían cumplido y que persistía la revictimización institucional.

La universidad no brindó garantías

El juzgado confirmó que la universidad no brindó atención continua ni garantías libres de prejuicios hacia la denunciante. Además, cuestionó que el vicerrector Diego Polo Paredes, quien también coordina la Unidad de Género, coadyuvara la tutela presentada ante la Corte Suprema de Justicia, que finalmente no fue admitida por la Corte,  con la cual la institución buscaba revertir el fallo favorable a Pinzón, comprometiendo así su imparcialidad.

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El despacho concluyó que hubo incumplimiento parcial del fallo y nueva revictimización institucional, por lo que impuso sanción al vicerrector con arresto de 2 días días y multa de dos salarios mínimos.  También ordenó a la Universidad del Tolima cumplir integralmente las medidas dictadas por el Tribunal, garantizando la participación efectiva de la denunciante, el acompañamiento psicológico y laboral, y la revisión del protocolo de atención a violencias basadas en género.

El Cronista.Co se comunicó con el vicerrector para conocer su versión de los hechos a lo cual él respondió  que al ser un tema institucional la Universidad del Tolima generará una comunicación oficial, al cierre de esta nota comunicación oficial no se ha dado a conocer públicamente.