Rodrigo Lara Bonilla (1946–1984) fue un abogado, político y servidor público colombiano cuya vida quedó marcada por la valentía con que enfrentó el poder corruptor del narcotráfico en un momento decisivo para la historia del país.

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Nacido en Neiva el 11 de agosto de 1946, se formó como jurista con un profundo sentido de la ética pública y una firme convicción de que la justicia debía ser el eje rector de la democracia.

Miembro del Nuevo Liberalismo —el movimiento liderado por Luis Carlos Galán—, Lara Bonilla emergió como una figura joven, carismática y decidida que no temía señalar a los grandes responsables del deterioro institucional en Colombia. Desde sus primeros pasos en la política, dejó claro que no transigiría con las mafias ni con los políticos que se beneficiaban de ellas. Su paso por el Congreso estuvo caracterizado por un discurso frontal contra los pactos oscuros entre la clase dirigente y el narcotráfico.

En agosto de 1983, el presidente Belisario Betancur lo nombró ministro de Justicia. Desde esa cartera, Lara emprendió una cruzada sin precedentes contra el narcotráfico, particularmente contra Pablo Escobar Gaviria, a quien denunció pública y jurídicamente. Fue el primero en enfrentarlo desde una posición de poder estatal, exponiendo sus vínculos con el Congreso y logrando su expulsión de este.

Ese acto, que para muchos marcó el inicio del enfrentamiento directo del Estado con los carteles de la droga, le costó la vida. La mafia, utilizando a unos políticos liberales, intentó manchar la hoja de vida de Lara, y montó un debate en el Congreso, en el que se le vio casi solo.

El 30 de abril de 1984, hace hoy 41 años, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado en Bogotá por sicarios al servicio del cartel de Medellín. Su muerte sacudió al país y dejó al descubierto la gravedad de la amenaza narcotraficante. Fue también el primer gran símbolo del precio que significaba enfrentarse al poder del narcotráfico.

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Su legado no desapareció con su asesinato. Lara se convirtió en mártir de la legalidad, un referente ético para las nuevas generaciones y una advertencia viva del costo del silencio. Su vida, truncada a los 37 años, sigue siendo un llamado a la coherencia entre el discurso político y la acción, y una memoria que interpela a la sociedad colombiana sobre su compromiso con la justicia y la verdad.