A través de un comunicado, la Veeduría Agua Por Ibagué (VAPI) denunció la permisividad y poca rigurosidad de la Contraloría General de la Nación al “investigar” varias de las obras que en estos momentos avanzan en Ibagué y el Tolima, resaltando la constante persistencia de sobrecostos y deficiencias en los proyectos financiados con recursos públicos, aún después de ser intervenidos por el ente de control.

“Lo mejor que le puede suceder, a una obra con sobrecostos, con necesidad de justificar adiciones al máximo, de aprobar chambonadas producto de la ejecución de diseños inexistentes o igualmente chambones, entre otras varias acciones características del paisaje de la corrupción que campea, es que le caiga la Contraloría general, con su patética y permisiva cacería de elefantes blancos”, se lee en el comunicado.

La misiva continúa haciendo énfasis en cuatro obras puntuales, tres de Ibagué y una de Armero-Guayabal, en las cuales confluyen dineros de la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima y la Nación.

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Megacolegios, una promesa incumplida y con sobrecostos

Hace siete años, en la Alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo, fueron demolidas varios colegios de Ibagué, bajo la promesa de generar una revolución total en la infraestructura educativa de la ciudad, apostándole a la creación de megacolegios que sirvieran para implementar a cabalidad la jornada única, un programa incentivado desde el Gobierno Nacional que buscaba permitir a los estudiantes nuevos espacios lúdicos y de bienestar. Para ello, tanto el municipio como la Nación invirtieron miles de millones de pesos, una cifra que año a año fue insuficiente y terminó recibiendo adiciones presupuestales en reiteradas ocasiones.

“Son siete años durante los cuales nuestros jóvenes y niños se hacinaron en improvisadas viviendas y bodegas, y en los cuales a contratistas e interventores les autorizaron todas las adiciones, prórrogas y modificaciones”, dice la veeduría. Sobre el papel de la Contraloría en dichas obras señalan: “La intervención de la Contraloría sirvió para legalizar todas estas tropelías y para que, ahora, sin haber fallado un solo proceso de responsabilidad fiscal, fabrique titulares grandilocuentes, inaugurando los elefantes blancos que algunos contratistas han ido entregando. ¿Acaso algún órgano de control ha realizado el costo financiero y social que tan descarado robo ha tenido para el Estado y la sociedad?”.

Los escenarios deportivos pos Luis H.

La veeduría inicia su análisis haciendo un símil de la situación de los colegios y las múltiples inversiones que se han realizado en materia de escenarios deportivos en las alcaldías de Guillermo Alfonso Jaramillo, Andrés Hurtado y la actual de Johana Aranda, donde “los sobrecostos y chambonearías en diseños y construcción, son tan monumentales como el tamaño de la corrupción que los concibió”.

“Si existieran organismos de control o ciudadanía verdaderamente ocupada de la defensa de lo comunitario, deberían de declararse alarmados por la magnitud de los sobrecostos, adiciones, prórrogas, suspensiones que se han dado en las obras de esos escenarios deportivos, sin que ninguna entidad haya mostrado a la ciudadanía el costo social y monetario de habérsele destruido sus escenarios y tardar más de una década para, ahora, entregarle monumentos a la chambonearía, que a poco de entregadas, empiezan a demandar urgentes inversiones de recuperación, que en realidad son remiendos correctivos de su defectuosa construcción. Y vuelta a lo mismo: La burocracia de los elefantes blancos, invitándonos a reconocer, en fastuosas inauguraciones, la magnificencia de su labor”, puntualiza VAPI.

El Acueducto de Armero-Guayabal

Uno de las mayores polémicas en este municipio en los últimos años, tiene que ver con las acciones de “optimización” realizadas por parte de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT), al acueducto de Armero-Guayabal por un valor de $11 mil millones en 2018, después de las cuales, según la comunidad, terminó devolviéndolo en muy inferiores condiciones de funcionamiento a las que estaba.

Sobre ello, VAPI, quien ha hecho seguimiento al caso y radicado varios derechos de petición contra la EDAT, escribe: “El contrato, que fue objeto de auditoría por parte de la Contraloría General, en la que concluyó, con superficial informe, disculpando lo que a todas luces era un fracaso total, pero eso sí, dejando coincidencial contrato para allegados a directivos de la Contraloría General. Años después, con enorme cantidad de pruebas sobre la no funcionalidad de esa obra, los armeritas todavía se encuentran a la espera que la mano caritativa de la Contraloría General se pronuncie en el sentido que obligadamente tiene que ser y se apliquen las garantías contractuales, como único mecanismo y alternativa para salvar algo de los recursos que la corrupción dilapidó con pleno conocimiento de esa entidad de control”.

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Coliseo Menor de la 42 en Ibagué

En febrero del 2022, la Gobernación del Tolima adjudicó el contrato para la realización del proyecto con una inversión de $13.700 millones; sin embargo, solo hasta agosto de ese año empezaron las obras. El contrato establecía un plazo de ejecución de ocho meses, pero para inicios de 2024 solo contaba con un avance del 70%, por lo que se le exigió a la Contraloría, estricta vigilancia al Consorcio Coliseo Menor GT2, no antes de haber realizado varios aumentos presupuestales para finalizar las obras, hasta llegar a los $22 mil millones.

De acuerdo con la Gobernación del Tolima, en noviembre de 2024, el proyecto estaba en firme con un avance del 86% en las obras y sería entregado a finales de diciembre de ese año; no obstante, a día de hoy, no ha sido inaugurado. Respecto a ello, VAPI realizó, en compañía de la Contraloría, un recorrido por las obras hace 15 días y concluye lo siguiente:

“Se documentaron unas 340 no conformidades (errores constructivos, entre muchas otras novedades), no obstante, este fin de semana se le anuncia a la ciudad, con bombos y platillos, que, a partir de la primera semana del presente mes, será entregada la obra. Entonces hay que preguntarle a la entidad de control: ¿Qué es lo que se controla?, ¿para qué se hacen visitas y se formulan observaciones? Esperamos respuestas”.

Finalmente, la veeduría declaró a El Cronista.co que es impensable que se inaugure este escenario deportivo con el altísimo número de deficiencias que presenta la estructura.

Apreciaciones de VAPI sobre el actuar de los entes de control y los ejecutores de las obras

“La burocracia de los elefantes blancos consiste en estrategia, según la cual, sustituyendo a las interventorías, obras que no avanzan hacia su terminación, sin importar sobrecostos, deficientes diseños, pésima construcción, contrataciones amañadas y un largo etcétera, que incluye interventorías de papel y supervisiones de bolsillo, las obras se tienen que terminar y entregar, porque eso es lo que hay que mostrar como gestión de control y ¡todos felices!”.

“La ingenua y desinformada ciudadanía, que agradece que por fin le entreguen sus obras; los contratistas de obra e interventoría, porque pueden cobrar sus inflados presupuestos y sus defectuosas obras y, el órgano de control, porque puede justificar su brillante gestión. Un mundo feliz. Ya lo dijo a los cuatro vientos y sin ningún pudor, el gamonal de turno: EL QUE LE TENGA MIEDO A LOS ÓRGANOS DE CONTROL, QUE RENUNCIE”.