Un duro reclamo le hizo la Procuraduría General de la Nación a la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, por la pasividad que mostró la entidad ante la construcción fraudulenta de palcos destinados para las corralejas en el municipio de Guamo.

El Ministerio Público amonestó a la directora de Cortolima luego de conocer que el pasado 30 de mayo la autoridad ambiental, junto a la Policía Nacional, intentaron decomisar más de 3.000 piezas de madera ilegal y en aparente mal estado que se iban a utilizar para construir los palcos. Sin embargo, personal del operador que construye los palcos y organiza las corralejas se los impidió por la fuerza.

El regaño de la Procuraduría a Cortolima fue contundente. El ente de control le reprochó a la autoridad ambiental la falta de organización administrativa para contar con los recursos y acompañamiento necesario de la Policía al momento de decomisar la madera ilegal, sobre la cual habían impuesto una medida de decomiso desde el pasado 22 de mayo.

El día que personal de Cortolima y la Policía llegó para transportar la madera incautada, empleados del operador quemaron una parte de las piezas e impidieron el decomiso del resto. Después, esa misma madera la utilizaron para erigir los palcos que hoy en día están casi listos para albergar las corralejas del Guamo del 20 al 30 de junio.

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“No se logró, en primer lugar, por la ausencia de aplicación del principio de planeación en materia administrativa, pues, aunque año a año la autoridad ambiental recibe PQR asociadas a hechos como este respecto de diferentes municipios del departamento y, por tanto, conoce los requerimientos logísticos necesarios para el traslado del material a decomisar, no adoptó las medidas necesarias para garantizar la efectividad de su propia decisión”, aseveró la Procuraduría.

Todavía más grave consideró la Procuraduría que, después del infructuoso decomiso de la madera, utilizaron el 80 % de la misma para levantar los palcos que actualmente se ubican en el barrio San Martín del Guamo.

La Procuraduría, entonces, le recordó a Cortolima que las normas ambientales son de “obligatorio cumplimiento” y que debe proceder “a la mayor brevedad” para decomisar la madera ilegal.

Asimismo, el Ministerio Público indicó que se debe suspender la construcción de los palcos para las corralejas en Guamo, lo que pone en entredicho los eventos taurinos que deberían iniciar en nueve días.

“De manera subsidiaria, imponer medida preventiva de suspensión de la actividad constructiva y del uso de ‘la corraleja’, en virtud de lo conceptuado en el informe Cortolima No. 805 de mayo 30 de 2025 y en el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009”, se lee en la comunicación.

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Para el abogado ambientalista Juan Felipe Rodríguez, quien reveló en principio la pasividad que mostró Cortolima en el procedimiento del Guamo, detrás de este episodio habría intereses políticos por parte de algunos funcionarios de la autoridad ambiental.

“Pareciera que la postura de Cortolima responde más a complacencias políticas que a cumplir el rigor de la norma ambiental. Es inadmisible que, ante la gravedad de los hechos referidos por la propia autoridad ambiental en el municipio del Guamo, no se haya decretado una medida preventiva de suspensión de obra y actividad frente a las corralejas programadas. Posiblemente, la pasividad de la entidad obedezca a un cálculo político, pues, tal como se rumora, existen intenciones de algunos funcionarios de Cortolima de aspirar a la Gobernación del Tolima”, esgrimió.

A su vez, el abogado recordó que el alcalde del Guamo, Álvaro Augusto Prada, hace parte Consejo Directivo de Cortolima. "Circunstancia que dada la cercanía del mandatario con la autoridad ambiental, explicaría la pasividad y hasta ineficiencia institucional en este caso", advirtió Rodríguez. 

En adelante, la Procuraduría le pidió a Cortolima que disponga la logística necesaria y solicite el apoyo suficiente de la Policía para cumplir con las medidas o sanciones que impone en materia ambiental.