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Fiscalía imputa a Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes
El excanciller, Álvaro Leyva enfrenta cargos por contratos relacionados a la expedición de pasaportes.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo, por su actuación frente a la licitación de pasaportes de 2023. La imputación fue presentada ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías.
Según la investigación, Leyva, en ejercicio de su cargo, habría proferido tres actos administrativos contrarios a la ley para frenar la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026. El contrato tenía un valor estimado de 559.000 millones de pesos.
El comité evaluador había recomendado adjudicar el proceso a una unión temporal que cumplió con los requisitos y superó la etapa de calificación. Incluso se había citado a audiencia de adjudicación. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva expidió la Resolución 7485, mediante la cual declaró desierta la licitación argumentando que solo se había presentado un oferente.
Tras la decisión, el representante de la unión temporal interpuso un recurso de reposición. La Fiscalía señala que este derecho fue vulnerado, pues Leyva negó el recurso a través de la Resolución 7540, expedida el 14 de septiembre, sin permitir que el recurrente presentara un documento formal con sus argumentos, obligándolo a sustentar verbalmente. Las conclusiones, según el ente acusador, carecían de sustento fáctico y jurídico.
Ese mismo día, el exministro emitió una tercera resolución para declarar la urgencia manifiesta, mecanismo que habilitó la asignación directa del contrato, sin licitación ni competencia entre otros aspirantes.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia afirmó que las decisiones de Leyva “pusieron en riesgo la emisión de pasaportes, violaron el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar libremente al país” y, pese a tener la oportunidad de corregir los errores al declarar desierta la licitación, “ratificó su actuación inicial”.
La investigación continúa su curso mientras la Fiscalía avanza en la recolección de elementos probatorios.
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