Por Carlos Alberto Estefan Upegui 

*Exgobernador del Tolima 

Me refiero a la Ley 2569, aprobada por el Congreso de La República en diciembre de 2025 y sancionada por el Presidente el pasado mes de marzo de 2026, mediante la cual se adopta la Convención Internacional contra el Mercenarismo de la ONU.

Más de 50 años durante los cuales miles de militares y policías con entrenamiento riguroso de alto nivel en tácticas de combate, operaciones especiales, disciplina y experiencia, tan pronto dejan el servicio activo, debido a la falta oportunidades laborales son contratados en el exterior, bien sea por potencias internacionales para no comprometer sus propias tropas como lo que está pasando en Ucrania, o por empresas privadas para seguridad de las propias empresas o lo que es más grave, para participar supuestamente en magnicidios, golpes de Estado o actividades criminales transnacionales, que afectan la imagen del país y la seguridad internacional, como sucedió con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021 en el que resulto involucrado un grupo grande de colombianos, más de 40 personas detenidas casi todos exmilitares o reservistas del Ejército Nacional de Colombia.

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Y aunque el mecanismo es el mismo al utilizado en Ucrania, la percepción cambia:

-En Haití: Fue un acto criminal, un magnicidio, una acción ilegal contratada por intereses oscuros. Ahí sí se les llama directamente mercenarios.

— En Ucrania: Muchos se han unido a lo que se llama la Legión Internacional (fuerzas voluntarias que ayudan a Ucrania a defender su territorio). Legalmente, se consideran combatientes voluntarios, y muchos sienten que van a “ayudar” o a pelear por una causa justa, no por un crimen.

Así las cosas, uno u otro fin, los analistas lo describen como “exportación de mano de obra armada”, donde la experiencia bélica se convierte en una mercancía transnacional dentro de una relación comercial con consentimiento voluntario y contraprestación económica.

En el extranjero pueden llegar a ganar desde 4.000 y 7.000 dólares en adelante, lo cual significa un fuerte incentivo.

El gobierno del presidente Gustavo Petro dice que Colombia no debe ser conocida como “exportadora de violencia”, sino por ser un país que ofrece oportunidades de paz y desarrollo.

Entonces, la idea es que la exportación de mercenarios llegue a su fin con la Ley 2569 de 2025 que adopta la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de las Naciones Unidas, un tratado de 1989.

En consecuencia, se convierte en delito el reclutamiento, la financiación, entrenamiento, el transporte o utilización de personas como mercenarios o de este tipo de servicios.

Es decir, reclutar o ser reclutado, financiado, entrenado o enviado para combatir en guerras en el exterior.

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Permite que las autoridades nacionales investiguen, juzguen y sancionen a quienes participen directa o indirectamente actividades relacionadas con el mercenario y evitar que personas vulnerables sean engañadas o explotadas con promesas de dinero para ir a combatir en conflictos ajenos, muchas veces sin garantías ni protección jurídica.