Trece familias indígenas desplazadas desde Bagadó (Chocó) permanecen desde hace cuatro meses en el CAM de La Pola, en Ibagué, donde sobreviven en cambuches mientras esperan que las autoridades concreten su retorno al territorio. Ni la Alcaldía de Ibagué, ni la Gobernación del Tolima, ni la Unidad para las Víctimas han logrado brindar una solución definitiva.

De acuerdo con el edil Paul Muñoz, quien habló con El Cronista.co, la situación de las familias que permanecen en el CAM de La Pola es compleja, pues sobreviven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

“La comunidad lleva cuatro meses en el CAM de La Pola, aunque anteriormente permaneció más de cuatro años en el barrio San José. El traslado hasta este punto se dio en medio de protestas, luego de que se cancelara un proceso de reubicación y de que no se les permitiera instalarse en otro sector de la ciudad, pese a que existían medidas transitorias previstas”, señaló Muñoz.

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La situación ocurre a pocos metros de uno de los edificios de la Alcaldía de Ibagué, donde funcionan varias dependencias de la administración municipal. Allí, explicó el edil, las familias viven en cambuches, las calles se inundan con las lluvias y existen constantes problemas de seguridad.

Muñoz aseguró que la Alcaldía, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ha brindado apoyo en alimentación, salud y asistencia básica; sin embargo, estas medidas resultan insuficientes frente a las condiciones indignas en las que las familias deben sobrevivir mientras se define una solución de fondo.

El edil explicó que la entidad con mayor obligación legal en este caso es la Unidad para las Víctimas, encargada de coordinar los procesos de retorno y reubicación de la población desplazada y de garantizar que el regreso al territorio se realice con seguridad, acompañamiento y recursos.

“Quien tiene mayor responsabilidad no es tanto la Gobernación ni la Alcaldía, sino la Unidad para las Víctimas en cuanto al retorno a su lugar de origen. Pero para mantenerlos en condiciones mínimas vitales, la responsabilidad recae en la Alcaldía municipal”, afirmó.

No obstante, señaló que la responsabilidad es compartida, pues, según dijo, ninguna entidad ha respondido de manera efectiva a los llamados y algunas han guardado silencio incluso frente a actuaciones judiciales.

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“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los grupos indígenas tengan sus derechos fundamentales protegidos y no sean vulnerados”, añadió Muñoz.

El intento de retorno

Las familias Emberá quedaron varadas tras la situación de orden público que vivió el Chocó con el anuncio de un paro armado del ELN en diciembre de 2025, lo que frenó toda la logística para su retorno.

“Se suspendió todo el tema logístico y hoy en día no se tiene ningún tipo de fecha estipulada para regresar”, explicó el edil.

Según indicó, pese a que el traslado fue cancelado, existían medidas transitorias para reubicar a la comunidad en otro barrio de la ciudad; sin embargo, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector se negó a recibirlos, lo que obligó a que permanecieran en el CAM de La Pola.

Muñoz también cuestionó la reacción de algunos sectores de la comunidad ibaguereña, que se han opuesto a que las familias sean reubicadas en condiciones más dignas, lo que calificó como una forma de vulneración por parte de la sociedad civil.

“Los pueblos indígenas hacen parte de la historia y de nuestra comunidad, y no es sano que como ciudadanos también contribuyamos a vulnerar sus derechos”, concluyó.

Las reclamaciones

De acuerdo con Paul Muñoz, exigen que tanto a la administración local como a la Unidad de Atención y Orientación a Víctimas (UAO) que respondan dejen de guardar silencio frente a las actuaciones judiciales y que materialicen el traslado, y no se limiten a anunciarlo.

El edil también solicitó a la Alcaldía de Ibagué una mayor continuidad en la atención a estas familias mientras se concreta su retorno. Señaló que los apoyos deben ser permanentes, que se deben mejorar las condiciones del campamento y garantizar la dignidad de las familias durante el tiempo de espera.

Asimismo, pidió que exista una coordinación real y trabajo conjunto entre el municipio, el departamento y la Nación, y que se prioricen las soluciones concretas sobre los debates políticos.