El Gobierno Nacional prepara una nueva reforma tributaria con la que busca recaudar $16,3 billones. Uno de los sectores que sentiría con fuerza el impacto es el de bebidas alcohólicas, ya que el proyecto plantea aumentar el IVA de 5% a 19%, es decir, un incremento de 14 puntos porcentuales para licores, vinos y aperitivos.

A esto se suma un ajuste en el impuesto al consumo: para los licores y aperitivos, el gravamen pasaría de $342 a $750 por grado de alcohol por cada 750 mililitros, lo que representa un alza del 120%. En el caso de los vinos, la tarifa subiría de $231 a $750, equivalente a un incremento del 224%.

Las licoreras prenden las alarmas

El anuncio ha generado una fuerte reacción por parte de las Fábricas de Licores Departamentales. La Fábrica de Licores de Antioquia, Caldas y del Tolima, por ejemplo, advirtieron que un incremento de esta magnitud afectaría directamente la producción y el empleo en el sector, además de incentivar el contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas.

Desde la Industria Licorera de Caldas y la Licorera del Valle, las preocupaciones son similares: el aumento no solo impactaría el consumo, sino también los recursos que estos productos aportan a la salud, la educación y el deporte de los departamentos. En muchos casos, entre el 20% y el 30% de los ingresos tributarios regionales provienen del licor.

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“Esta medida pondría en riesgo la sostenibilidad de las empresas públicas productoras de licor y reduciría la competitividad frente a marcas internacionales”, señaló un vocero de la Licorera de Caldas, mientras que desde la FLA se recalcó que “un exceso de impuestos no necesariamente garantiza más recaudo, pero sí más ilegalidad”.

El impacto en los departamentos

Las zonas donde los licores generan mayores ingresos fiscales son Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Valle del Cauca y Tolima. En los departamentos sin fábricas, como Córdoba, Chocó, Vichada y Sucre, estos impuestos representan hasta 50% del total del recaudo tributario, lo que evidencia su importancia para las finanzas locales.

Colombia, además, es el segundo país con mayor carga impositiva sobre los licores en América Latina, después de Ecuador. Este tipo de tributos, al ser de fácil recaudo, suelen ser de los primeros en ajustarse dentro de las reformas fiscales. Sin embargo, los expertos advierten que, con un sistema de fiscalización débil, los incrementos solo amplían el margen para el comercio ilegal.

El riesgo del mercado ilegal

Catalina Lasso, directora ejecutiva de Prolicores, advirtió que el 22% de los licores que se consumen en Colombia son ilegales, y que una carga tributaria excesiva podría elevar esa cifra hasta el 50%. “Más impuestos solo incentivan el mercado al margen de la ley”, señaló.

La ejecutiva agregó que la rentabilidad del licor adulterado puede superar el 300%, debido a los bajos costos de producción y a la dificultad de los consumidores para distinguir productos legales de los falsificados.

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Un dilema entre recaudo y sostenibilidad

Los analistas coinciden en que, aunque el Estado necesita fortalecer sus ingresos fiscales, una política impositiva desequilibrada puede generar más perjuicios que beneficios. Las licoreras colombianas, que durante décadas han sido motor de desarrollo regional, advierten que la medida podría poner en jaque su operación y, con ella, los recursos destinados a programas sociales que dependen directamente de la venta de licor.

Ahora, la reforma sigue siendo un borrador, porque tiene el díficil camino de ser aprobada en el Congreso, menos cuando se aproximan las elecciones del 2026.