Según un informe de Noticias Uno, el Tribunal Superior de Ibagué ordenó el desalojo de un grupo de indígenas del municipio de Coyaima, en el sur del Tolima, de un territorio que han habitado desde la época colonial.

Hace cerca de 20 años, Luis Fernando Ubaldino Guzmán Moncaleano, inició un proceso judicial por la posesión de una finca que comprende 80 hectáreas. No obstante, los indígenas de la comunidad Chenche Amayarco del pueblo Pijao, aseguran que han vivido por generaciones en este territorio.

Los Chenche Amayarco sostienen que las 80 hectáreas reclamadas por Guzmán Moncaleno, hacen parte de una propiedad colectiva, respaldada por documentos históricos que se remontan a 1621, período desde el cual aseguran haber habitado de manera continua este territorio y  también cuentan con una escritura de 1911 que los acredita como poseedores de los predios.

De acuerdo con la comunidad y su abogado, la orden judicial se sustenta en documentos falsos, que no habrían sido examinados aún, por la Corte Suprema de Justicia. 

• También Puede Leer: Las nuevas autoridades indígenas del municipio de Ibagué, se posicionaron ante la Alcaldía Municipal.

Tercera orden de desalojo

El oficio que ordena el desalojo de los Pijao tiene fecha del 21 de octubre del presente año y  sería la tercera vez que el Tribunal ordena el desalojo de los indígenas del lugar. Para amparar los derechos de Luis Fernando Ubaldino Guzmán, quien asegura haber crecido en Coyaima y reclama como propias 80 hectáreas que hacen parte del resguardo indígena.

“Es increíble que venga un señor con documentos falsos, con escrituras falsas, a decir que él es el dueño”, afirmó Gustavo Barrero, habitante de la comunidad Chenche Amayarco, en Coyaima, Tolima.

Por su parte, Luis Fernando Ubaldino, sostiene que existen escrituras de la década de 1850, que acreditan la compra del predio por parte de la familia Moncaleano. Sin embargo, los resguardos indígenas, tanto en la legislación colonial, como en la vigente, han sido propiedad colectiva inalienable, es decir no se puede vender ni comprar. 

Ejecución de la orden 

Las autoridades judiciales del municipio de El Guamo serían las encargadas de ejecutar el desalojo, sin embargo, no lo han hecho. Al respecto, Óscar Ortiz, abogado de la comunidad indígena, señaló:

“El Tribunal le ordena al juzgado del Guamo que se desaloje, pero ellos no quieren cometer una injusticia porque conocen que don Moncaleano no tiene ningún derecho”

El abogado de la comunidad interpuso además una acción de tutela, en la que expone presuntas irregularidades en el proceso, y advierte que el reclamante enfrenta una denuncia por fraude procesal. 

Por su parte, en entrevista para Noticias Uno, Ubaldino Guzmán Moncaleano manifestó: “Soy una víctima de la violencia en este momento gracias a este mismo proceso”.

• Continúe Leyendo: “El Tolima tiene que leer la historia de su pueblo”: presidente Petro

Modus operandi develado por Quintín Lame 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, numerosos hacendados y terratenientes se apropiaron de tierras indígenas mediante mecanismos legales y administrativos, aprovechando la debilidad institucional y el desconocimiento de las comunidades sobre sus derechos. 

En muchos casos, los resguardos fueron fragmentados, ocupados o convertidos en haciendas, y los indígenas pasaron a ser terrajeros en territorios que históricamente les pertenecían.

Frente a este escenario, Manuel Quintín Lame emprendió una lucha jurídica y política para demostrar que el despojo era ilegal, pues las tierras de resguardo estaban protegidas por el derecho colonial y por normas republicanas vigentes. Lame se apoyó en escrituras coloniales y, de manera central, en la Ley 89 de 1890, que reconocía la existencia de los cabildos indígenas, protegía los resguardos como propiedad colectiva inalienable y reconocía formas de autoridad y jurisdicción propias.

Aunque la ley amparaba a las comunidades indígenas, en aquella época, su aplicación fue sistemáticamente ignorada por autoridades locales y jueces, lo que permitió que el despojo continuara durante décadas.

los acuerdos de paz entre los Pijao y la Corona española

A comienzos del siglo XVII, los Pijao fueron uno de los pueblos indígenas que mayor resistencia opuso a la conquista española en el centro del actual territorio colombiano, especialmente en el valle del Magdalena y el sur del Tolima.

La guerra contra los Pijao fue larga y costosa para la Corona. Sus acciones afectaban rutas comerciales, haciendas y poblaciones españolas, lo que llevó, hacia 1600, a que las autoridades coloniales entendieran que la guerra permanente no era sostenible.

Como resultado, se avanzó en procesos de pacificación, que incluyeron en el reconocimiento de tierras colectivas y la creación de resguardos indígenas, a cambio del cese de hostilidades. Hoy, los habitantes indígenas del sur del Tolima se reconocen como Pueblo Pijao, con presencia en municipios como Natagaima, Coyaima, Ortega, Chaparral y San Antonio. 

Su persistencia territorial está documentada y ligada a procesos históricos de resistencia frente al despojo, pues al parecer. Particulares se habrían apropiado de tierras de resguardo indígena en el Tolima, mediante títulos de propiedad presuntamente falsos, en distintos momentos de la historia colombiana.