La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional ya las entidades estatales revisar nombramientos y posibles vinculaciones a cargos de alta responsabilidad de personas relacionadas con denuncias o procesos por presuntas violencias contra las mujeres. En un pronunciamiento divulgado el 22 de octubre, advirtió sobre los mensajes que estas decisiones envían a las denunciantes ya quienes están considerando acudir a la justicia.

Aunque el comunicado no menciona nombres propios, los casos descritos coinciden con tres situaciones conocidas públicamente: Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, nombrado asesor en el Ministerio de las Culturas; Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, general en retiro mencionado como posible directivo de seguridad de Ecopetrol; y Jaime Gregorio Vives Pinedo, presidente de Coljuegos.

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Dasuky Quiceno enfrenta un proceso penal tras ser imputado por la Fiscalía por presuntos delitos de acto sexual violento y acoso sexual , por hechos denunciados que habrían ocurrido en 2019, cuando ejercía funciones diplomáticas en Chile.

En el caso de Zapateiro Altamiranda, la Fiscalía solicitó su imputación por presunto acoso sexual contra dos antiguas subalternas de las Fuerzas Militares . Su posible vinculación a un cargo directivo de seguridad en Ecopetrol ha sido objeto de información pública.

Por su parte, contra Vives Pinedo existe una denuncia penal por presuntos hechos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género, presentada por su exesposa.

La Defensoría afirmó que corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y que debe respetarse la presunción de inocencia. Sin embargo, sostuvo que esto no exime al Estado de actuar con debida diligencia al decidir quién ocupa cargos públicos de alta responsabilidad.

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La entidad pidió criterios claros para los nombramientos.

La Defensoría advirtió que las decisiones sobre quién ejerce el poder público pueden afectar la confianza de las mujeres en las instituciones, y especialmente cuando han denunciado violencias o están pensando en hacerlo.

También señaló que el temor a represalias, la revictimización y las barreras para acceder a la justicia y la protección pueden agravarse cuando las instituciones no ofrecen respuestas oportunas y efectivas.

Por ello, instó a las entidades estatales a adoptar criterios claros, públicos y consistentes para evaluar estos nombramientos. Entre los aspectos que pidió considerar están la gravedad de los hechos denunciados, el estado de las actuaciones, la naturaleza de la carga, los posibles conflictos de intereses y los riesgos de presión, represalias o revictimización para los denunciantes.

La entidad reiteró que las violencias contra las mujeres no son un asunto privado y llamó a mantener la coherencia entre los compromisos institucionales de prevención de las violencias de género y las decisiones sobre quiénes ocupan cargos de alta responsabilidad pública.

En las últimas semanas hemos conocido una serie de nombramientos y posibles vinculaciones a cargos de alta responsabilidad en entidades del Estado de personas mencionadas en denuncias o procesos relacionados con presuntas violencias contra las mujeres. Corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no exime al Estado de actuar con debida diligencia frente a las violencias contra las mujeres al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública. Reiteramos que las violencias contra las mujeres no son un asunto privado. Instamos al Estado adoptar criterios claros, públicos y consistentes para estos nombramientos, que consideren la gravedad de los hechos denunciados, el seguimiento de las actuaciones, la naturaleza del cargo, los posibles conflictos de intereses y los riesgos de presión, represalias o revictimización para los denunciantes. Leer pronunciamiento aquí 👇🏽

— Defensoría del Pueblo (@DefensoríaCol) 22 de octubre de 2026