La iniciativa plantea modificar varios artículos del Decreto 1075 de 2015 y contempla que entidades privadas puedan administrar, dirigir y operar establecimientos educativos oficiales por períodos de mínimo dos y máximo 12 años.

El proyecto que avanza además en medio de la emergencia educativa provocada por el terremoto, que dejó cerca de 3.100 instituciones educativas afectadas, de las cuales 811 fueron catalogadas como inservibles, según el balance del Ministerio de Educación.

Establece que, operadores privados podrían asumir la organización, coordinación, administración y dirección de colegios oficiales. Además, el personal docente, directivo y administrativo contratado directamente por el operador podría quedar sometido al régimen laboral privado.

Además, contempla la posibilidad de establecer contratos con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar estrategias pedagógicas en establecimientos educativos públicos.

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Sin embargo, el alcance de la propuesta ha generado cuestionamientos. Una columna publicada por Camilo Blanco en La Silla Vacía advierte que uno de los principales cambios estaría en la separación entre la prestación del servicio educativo y la administración de los establecimientos.

Según el análisis, mientras la contratación de la prestación del servicio seguiría sometida al requisito de demostrar insuficiencia o limitaciones de la capacidad oficial, los contratos de “apoyo”, “administración” o “colaboración” podrían tener un tratamiento diferente.

El autor sostiene que esta distinción podría ampliar el margen para que particulares administren colegios públicos sin que necesariamente tengan que demostrar las mismas condiciones de insuficiencia que actualmente justifican la contratación excepcional con privados.

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La discusión también alcanza la duración de los contratos. El proyecto contempla períodos de hasta 12 años, lo que, según el análisis, permitiría que un operador privado tenga durante un tiempo prolongado la administración de una institución cuya infraestructura, matrícula y financiación continúan siendo públicas.

La columna cuestiona además el argumento de que la gestión privada necesariamente garantiza mejores resultados. Cita investigaciones sobre colegios en concesión en Bogotá que, según señala, encuentran una eficacia moderada y no permiten concluir que este modelo produzca de manera general una educación de mayor calidad que la ofrecida por colegios oficiales.

Otro de los puntos señalados es el impacto sobre los docentes. El análisis advierte sobre posibles diferencias en estabilidad laboral, salarios, jornadas y posibilidades de sindicalización cuando el personal queda vinculado bajo normas del sector privado.

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Un proyecto que todavía puede cambiar

Pese a las críticas, es importante precisar que el proyecto de decreto se encuentra en proceso de consulta y su contenido podría ser modificado antes de una eventual expedición.

El debate, por ahora, se concentra en hasta dónde puede llegar la participación de particulares en la administración de instituciones financiadas con recursos públicos y cuáles deberían ser las condiciones para entregarles la operación de colegios oficiales.