La figura del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) se ha convertido en algo confuso para los ibaguereños. Aunque en teoría la ciudad cuenta con un SETP desde el año 2021, en la cotidianidad poco o nada ha cambiado para los ibaguereños en materia de transporte público colectivo.

Se trata del proyecto de movilidad más importante para Ibagué, y aunque cuenta con los recursos asegurados desde el año 2020, muy poco ha sido el avance para su implementación. Así lo revela una reciente auditoría de la Contraloría Municipal de Ibagué, en la que se lee que el SETP, como figura administrativa, le cuesta a la ciudad y la Nación $2.636.136.643 anuales, solo para la contratación de personal.

Sin embargo, mientras en teoría Ibagué cuenta con un SETP, todavía se ven los mismos buses, paraderos, semáforos, parqueaderos, talleres y, sobre todo, las mismas vías y en el mismo mal estado de los últimos años.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, el proyecto del SETP debería estar listo para el año 2026, pero a la fecha presenta considerables retrasos en su ejecución, pese a contar con recursos asegurados gracias al CONPES 4017 de 2020.

“El equipo auditor evidenció retrasos significativos en la ejecución del proyecto, cuya implementación inició en 2021 y cuya culminación está prevista para 2026, conforme al cronograma establecido en el documento CONPES 4017 de 2020. De los 20 ítems establecidos, 12 presentan incumplimiento a la fecha del presente informe, lo que representa un 60 % del total. Los restantes 8 ítems tienen plazos previstos para 2025 (10 %) y 2026 (30 %)”, reza el informe.

• Puede leer: Contraloría confirma que Aranda convirtió el SETP en un fortín de clientelismo

Es decir, que el proyecto presenta retrasos considerables en el 60 % de sus aspectos más importantes. Entre ellos figuran, según la Contraloría, la rehabilitación de la carrera Quinta, la instalación de los nuevos paraderos tipo banderín, la modernización de los semáforos de la ciudad y la implementación del nuevo modelo de recaudo. Todos proyectos del SETP que cuentan con recursos asignados, y en algunos casos sus contratos ya fueron adjudicados desde el año 2024, pero todavía no empieza su ejecución.

“El avance físico real del proyecto apenas alcanza el 10 %, evidenciando un incumplimiento generalizado del cronograma aprobado, lo que podría traducirse en un eventual incumplimiento de metas del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, afectando el goce efectivo del derecho a la movilidad de los ciudadanos”, sostiene la Contraloría.

Por ejemplo, desde el 29 de agosto del año 2024 el SETP adjudicó el contrato por casi $9.000 millones para modernizar 630 semáforos de la ciudad. Casi un año después, la ejecución del contrato ni siquiera ha iniciado. Al parecer, por falta de músculo financiero del contratista e irregularidades detectadas en los estudios y diseños del proyecto.

Si bien el pasado mes de marzo la Alcaldía de Ibagué anunció el inicio de las pruebas del proyecto, tan solo hasta junio comenzaría la ejecución del contrato. Ahora bien, fuentes consultadas por El Cronista.co señalan que los retrasos también se deben a disputas internas entre los integrantes de la Unión Temporal Ibagué Smart City, conformada por las empresas Randley (45 %) y Smart Mobility y Security S. A. S. (55 %).

• Lea también: Gerente del SETP de Ibagué apareció haciendo "politiquería" con Hurtado

Algo similar ha ocurrido con los proyectos para los paraderos tipo banderín y la rehabilitación de la Quinta. El primero, por $8.200 millones, lo adjudicaron desde enero del presente año, para modernizar más de 1.000 paraderos de la ciudad, pero todavía no inicia su ejecución. El segundo, pese a contar con $40.000 millones aprobados desde septiembre de 2024 para la rehabilitación de la Quinta entre calles 10 y 58, todavía no se ha adjudicado. Fuentes reservadas del SETP sostienen que la intención es iniciar las obras luego de las fiestas de mitad de año.

Algunos de estos aspectos, como el recaudo, control de flota, información al usuario, semaforización y centro de control, tenían como fecha límite de implementación agosto de 2023. Dos años después, su ejecución es nula.

Finalmente, también permanece estancada la renovación de la flota, toda vez que los operadores del SETP, escogidos desde diciembre de 2022, no han iniciado con la reposición de los buses, que deberían pasar de combustión por diésel a eléctricos.

Los operadores del SETP son Cotrautol, Expreso Ibagué y la unión temporal Movilizando a Ibagué, esta última conformada por Logalarza, Translain, La Ibaguereña, Flota Cámbulos y Tures Tolima. Deberían ser los encargados de subsanar la sobreoferta de buses que hay en Ibagué. La ciudad cuenta con 900 buses, aunque en realidad necesita 658, según los estudios del CONPES del SETP. La compra de los buses viejos y la entrada en circulación de los nuevos deberían coordinarla las empresas locales, pero luego de quedarse con la operación del SETP admitieron la falta de recursos para hacerlo.

“Es bastante posible un escenario en el que el SETP tenga su componente de infraestructura, con vías pavimentadas, paraderos modernos, semáforos nuevos, pero que sigan circulando los buses viejos que tenemos en la actualidad”, advirtió en su momento un líder del sector de transporte público, Michael Cepeda.

Así las cosas, resulta desalentador el escenario del SETP en Ibagué. La gestión, primero del exalcalde Andrés Hurtado y luego de su pupila, la alcaldesa Johana Aranda, ha sido insuficiente para cumplirle a la ciudad con la implementación del proyecto.

Final del formulario