En los municipios de Mariquita y Fresno, siete jóvenes —Zait Esteban Delgado, David Santiago Toro Arévalo, Sergio Andrey Venegas Moncada, Luisa Fernanda Chavarro Díaz, Fredy Hernando Galindo Cruz, Santiago Izquierdo Cuervo y Alejandra Arias León— desaparecieron en enero de 2026. Seis de ellos son oriundos de Mariquita y uno de Fresno. Hasta la fecha, se desconoce su paradero.

El Cronista.co consultó a la Alcaldía de Mariquita, la Gobernación del Tolima y la Defensoría del Pueblo para conocer las acciones adelantadas en la búsqueda.

En su respuesta, la Defensoría del Pueblo advirtió que este caso no es aislado, sino que hace parte de un patrón de riesgo previamente identificado en la Alerta Temprana 002-23 emitida el 4 de febrero de 2023, la cual sigue vigente e incluso se ha agravado. Según la entidad, este escenario está “relacionado con la disputa entre estructuras de delincuencia organizada por el control de economías ilegales” que hacen parte de "remanentes o estructuras posdesmovilización del paramilitarismo" como los actores de mayor alcance que operan en la zona.

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La Defensoría explicó que Mariquita es un corredor estratégico que conecta el centro del país con el oriente de Caldas y Antioquia, así como con la región del Magdalena Medio. La presencia y disputa de estos remanentes con otras bandas mantiene vigente un escenario de amenaza que incluye desapariciones, amenazas, coacción y restricciones ilegítimas a la libertad personal en municipios como Mariquita, Honda, Lérida, Ambalema y Armero. Por esta razón estos municipios del norte del Tolima continúan bajo vigilancia permanente.

Además, precisó que el 19 de febrero de 2026 emitió un documento defensorial de prevención dirigido a la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con recomendaciones orientadas a la protección de los derechos fundamentales.

Por su parte, la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita reconoció oficialmente la desaparición de los seis jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 21 años, y aseguró que ha desplegado una respuesta institucional “proactiva y coordinada”.

De acuerdo con la administración municipal, se han adelantado las siguientes acciones:

• Consejos de seguridad: realizados el 3 y 20 de febrero de 2026 para coordinar acciones entre Policía, Ejército, Fiscalía y Personería.
• Jornadas de búsqueda: operativos en terreno los días 9 y 25 de febrero en sectores críticos como “El Bosque”, con apoyo de organismos de socorro y fuerzas especiales.
• Puesto de Mando Unificado (PMU): instalación del denominado “PMU por la vida”, concebido como un mecanismo permanente de seguimiento.

La Alcaldía aclaró que, aunque no activa directamente el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), este fue puesto en marcha de forma inmediata por la Fiscalía y la Policía.

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Sin más dilaciones

La Defensoría del Pueblo señaló en el oficio que no cuenta con evidencia documental ni actas que confirmen la instalación formal del PMU, lo que evidencia una diferencia entre el reporte institucional y la verificación del organismo de control.

En concordancia con un comunicado publicado este 3 de marzo, la entidad le exigió a las autoridades locales y departamentales activar, sin más dilaciones, todos los mecanismos disponibles para dar con el paradero de los jóvenes. También instó a la Alcaldía de Mariquita a liderar un Puesto de Mando Unificado (PMU) que garantice la coordinación efectiva entre todas las instituciones, con decisiones verificables.

La recompensa

La Gobernación del Tolima informó que, tras dos consejos de seguridad departamentales, se adoptaron varias decisiones: la aprobación de hasta 15 millones de pesos como recompensa por información que permita dar con el paradero de los jóvenes, la designación de un funcionario de la DIJIN para liderar las investigaciones y el incremento de la presencia de la Fuerza Pública en la zona.

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Asimismo, anunció el fortalecimiento de acciones contra el microtráfico en Mariquita y Fresno, incluyendo procesos de extinción de dominio.

En ese contexto, la Defensoría reiteró la necesidad de fortalecer la respuesta institucional y advirtió sobre riesgos como la utilización e instrumentalización de menores por parte de estructuras criminales. Entre sus recomendaciones, solicitó a la Policía y a la Fiscalía reforzar las acciones investigativas y operativas para esclarecer los hechos y desarticular a los responsables.