Con votación unánime, la Cámara de Representantes aprobó en último debate la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una iniciativa que transforma de manera estructural la forma en que el Estado financia a las universidades públicas en Colombia. El proyecto obtuvo más de 100 votos a favor y ninguno en contra, reflejando un amplio consenso político.

La reforma establece que el incremento anual de los recursos dejará de calcularse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y pasará a regirse por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), elaborado por el Dane. Este indicador permite reflejar con mayor precisión los gastos reales de funcionamiento de las universidades, como la contratación de docentes, personal administrativo y otros costos operativos.

• Puede leer: Universidad del Tolima tuvo una sobresaliente participación en el 4°CCH

Según cifras del Sistema Universitario Estatal (SUE), los costos de las universidades públicas han crecido en promedio más de cinco puntos porcentuales por encima del IPC cada año, lo que ha generado un déficit acumulado cercano a los 17 billones de pesos. Solo en gastos de funcionamiento, como vinculación de docentes y trabajadores, el faltante se estima en 3,5 billones de pesos, situación que la reforma busca empezar a corregir.

Durante el debate, la representante a la Cámara por el Tolima, Martha Alfonso, destacó el carácter histórico de la iniciativa y la defendió como el resultado de décadas de lucha por una financiación justa. “Fui estudiante de universidad pública, hija de la Universidad del Tolima; hablo como docente y como trabajadora de la universidad pública. Hoy no puedo sentirme más feliz. Este es el resultado de años de lucha, de estigmatización y de vidas truncadas”, afirmó.

Alfonso respondió además a quienes han cuestionado la sostenibilidad fiscal de la reforma, asegurando que cuenta con respaldo financiero y que corrige un problema estructural que se arrastra desde hace 30 años. Recordó que entre durante que las universidades como la del Tolima ha crecido en número de  estudiantes, mientras el financiamiento estatal se mantuvo en alrededor del 0,4 % del PIB, pese a la ampliación de cobertura, infraestructura e investigación.

• Además: De la Universidad de Ibagué, la mejor estudiante de Derecho del país

La congresista subrayó que la iniciativa fue construida colectivamente en más de seis foros realizados en universidades públicas del país, entre ellas la Universidad del Tolima, la Surcolombiana, la Nacional, la Pedagógica y la Unillanos, con el objetivo de cerrar brechas regionales y garantizar el acceso a la educación superior en territorios donde la universidad pública es la principal opción de movilidad social.

Tras su aprobación en la Cámara, el proyecto deberá surtir el trámite de conciliación con el texto avalado en el Senado y luego pasar a sanción presidencial. De cumplirse este proceso, el nuevo esquema de financiación empezaría a aplicarse a partir del Presupuesto General de la Nación de 2027.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, celebró la decisión del Congreso y la calificó como “un acuerdo fundamental sobre el derecho a la educación”, además de rendir un homenaje a los estudiantes que han perdido la vida en el marco de movilizaciones sociales.

"Hace diez años, miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación pública para la universidad pública. Hoy podemos decir, con certeza, que esa lucha no fue en vano. Aquello por lo que se movilizaron es hoy Ley de la República", dijo el ministro.

El gobierno nacional señaló que esta reforma no es un hecho aislado, sino el fruto de un diálogo entre el Ministerio de Educación con las Universidades y los congresistas denominado un Acuerdo Nacional por la Educación Superior.

Asimismo, el gobierno Petro señala que esta reforma ha sido posible gracias al movimiento estudiantil universitario y su capacidad de organización, aportes y movilización.